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El texto consensuado en Diputados ya está en el Senado, donde el oficialismo y la oposición buscan darle sanción antes de que culmine el período ordinario. La norma asegura fondos específicos y compatibiliza pensiones con el empleo formal.
Con la firma formal de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, ingresó a la Cámara alta el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa, que cosechó un amplio consenso parlamentario de 237 votos a favor, 9 negativos y 4 abstenciones en el recinto de origen, aguarda la definición de los giros de comisión por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel o del presidente provisional, Bartolomé Abdala.
La intención compartida entre La Libertad Avanza y el interbloque justicialista comandado por José Mayans radica en imprimirle celeridad al tratamiento para lograr su sanción definitiva antes del 30 de noviembre, fecha de cierre del período de sesiones ordinarias. Las comisiones apuntadas para el debate técnico son Presupuesto y Hacienda, liderada por Agustín Monteverde, y Población y Desarrollo Humano, que encabeza la senadora Alicia Kirchner.
La redacción aprobada resuelve focos de rispidez que habían surgido con el proyecto original de Presupuesto 2027 y el Ministerio de Economía. Como garantía central, el articulado ratifica la plena compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el trabajo formal, además de posibilitar su cobro simultáneo con beneficios como la Asignación Universal por Hijo.
Asimismo, la legislación fija cláusulas presupuestarias sensibles para blindar el sistema:
Garantía de fondos en términos reales: Los recursos anuales no podrán ser inferiores, en términos reales, a los devengados en el ejercicio previo, con asignaciones provenientes del Ministerio de Salud y la Jurisdicción 91.
Continuidad prestacional: Queda blindada la continuidad del programa médico Incluir Salud y las coberturas sanitarias para prestadores del sector.
Derecho a defensa en suspensiones: Se fija un mecanismo de notificación fehaciente con un plazo de 60 días para formular descargos ante eventuales bajas de beneficios.
Rol institucional: Se establece la intervención vinculante del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en la formulación de políticas públicas del área.
El diseño del texto requirió dos meses de tratativas entre el oficialismo y sectores opositores representados por Oscar Herrera Ahuad, legisladores peronistas como Victoria Tolosa Paz y Juan Marino, junto con aportes de la Comisión de Pastoral Social. Esta construcción transversal desactivó los cuestionamientos internos iniciales que figuras como Patricia Bullrich habían marcado frente al recorte en aranceles propuesto por el Palacio de Hacienda.
En el Senado, donde el peronismo venía reclamando la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante proyectos de Anabel Fernández Sagasti y Carlos Linares, se espera que el tratamiento en comisiones replique el esquema de acuerdos forjado en la Cámara baja para convertir la iniciativa en ley en las próximas semanas.
