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La medida se conoció inmediatamente después de que el Gobierno de Javier Milei solicitara medidas cautelares urgentes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo.
En una decisión que escala al máximo el conflicto diplomático en el Atlántico Sur, el gobierno del Reino Unido autorizó formalmente el inicio de las perforaciones petroleras en las Islas Malvinas. La habilitación fue concedida por el secretario de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, apenas horas después de que la República Argentina formalizara una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para frenar de inmediato el avance del proyecto Sea Lion.
La luz verde fue confirmada a los mercados por la operadora israelí Navitas Petroleum, socia mayoritaria del desarrollo junto a la británica Rockhopper Exploration. Con el aval del Foreign Office, el consorcio ratificó su cronograma de operaciones en la Cuenca Malvinas Norte, con el objetivo de iniciar las perforaciones exploratorias y de desarrollo a comienzos de 2027.
De acuerdo con anticipos parlamentarios difundidos por la prensa británica, el gobierno encabezado por el primer ministro Andy Burnham notificará en las próximas horas de manera formal la decisión ministerial a los miembros de la Cámara de los Comunes, profundizando la controversia con la administración de Javier Milei.
La resolución también detonó fricciones en la política doméstica del Reino Unido. Desde el opositor Partido Conservador, el vocero de Energía Andrew Bowie calificó la postura de Miliband como una “absoluta hipocresía que no tiene límites”, al cuestionar los motivos por los cuales el oficialismo laborista “considera aceptable la extracción de petróleo y gas frente a las Islas Malvinas, pero la restringe en las aguas del Mar del Norte”.
La habilitación británica se produjo como respuesta directa al vencimiento del plazo perentorio que la Casa Rosada había otorgado a Londres para frenar las actividades unilaterales. Ante la negativa inglesa, el Gobierno argentino recurrió al tribunal internacional de Hamburgo bajo el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR):
Vía cautelar: Argentina solicitó medidas provisionales urgentes bajo el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR para evitar perjuicios irreparables sobre los recursos no renovables mientras se designa el tribunal arbitral de fondo previsto en el Anexo VII.
Defensa de la soberanía: la presentación oficial busca preservar los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental y resguardar el medio marino ante intervenciones no autorizadas.
Mandato de la ONU: la diplomacia nacional denunció que las autorizaciones unilaterales de Londres vulneran las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que conminan a ambas partes a abstenerse de modificar el statu quo del territorio en litigio.
Con la decisión de Gran Bretaña de sostener el plan extractivo, la controversia queda enteramente radicada en los estrados judiciales internacionales, donde los jueces del Tribunal del Mar deberán definir si dictan una orden de cese que obligue a paralizar la logística hidrocarburífera en la cuenca austral.
