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La Cámara de Diputados de la Nación inicia este martes una discusión de alto impacto económico y social en el plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, convocadas para dictaminar sobre los diversos proyectos orientados a atender el sobreendeudamiento de las familias. La Libertad Avanza (LLA), en articulación con sectores de la Unión Cívica Radical conducidos por la mendocina Pamela Verasay, buscará consolidar el despacho de mayoría para garantizar que su propuesta sea la primera en tratarse durante la sesión en el recinto prevista para el próximo 7 de octubre.
El dictamen impulsado por el oficialismo, coordinado por la diputada Silvana Giudici, hace eje en la prevención y la transparencia operativa antes que en la fijación de límites regulatorios directos. Entre sus puntos nodales contempla la exigencia de doble autenticación previa a la toma de créditos en plataformas digitales, una comunicación unificada del Costo Financiero Total (CFT) que detalle intereses, gastos y seguros en bancos y empresas fintech, y la inclusión de contenidos obligatorios de educación financiera en las escuelas secundarias mediante una reforma a la Ley de Educación.
En la vereda opuesta, las bancadas de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda articularon un frente común para promover la declaración de la Emergencia Financiera y Crediticia por 180 días. Este esquema alternativo plantea establecer topes estrictos a las tasas de interés de tarjetas de crédito y billeteras virtuales, fijar límites a comisiones, suspender el cobro de intereses punitorios y abrir los algoritmos que determinan el scoring crediticio de los usuarios.
Asimismo, la iniciativa opositora conceptualiza el sobreendeudamiento por subsistencia familiar, focalizando el beneficio en aquellos pasivos con mora superior a 60 días contraídos para cubrir consumos esenciales como alimentos, salud, transporte, garrafas y tarifas de servicios públicos, habilitando planes de refinanciación de hasta 36 meses. En paralelo, bloques provinciales y el MID plantearon fórmulas complementarias de "esfuerzo compartido" que contemplan alivios en el IVA e Ingresos Brutos, además de líneas de rescate con fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) bajo ajuste UVA a cinco años para deudores en riesgo.
