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La fiscal Sandra Guagnino solicitó anular la resolución que declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil para un menor involucrado en un asalto. La decisión final quedó en manos de la Cámara de Apelaciones.
El debate en torno a la aplicación de la Ley 27.801, la norma que fijó la edad mínima de imputabilidad en los 14 años a nivel nacional, sumó un capítulo determinante en los tribunales porteños. La fiscal de Cámara Sandra Verónica Guagnino emitió un dictamen favorable al pedido de dejar sin efecto la polémica resolución firmada por la jueza Laura De Marinis, quien había declarado la inconstitucionalidad de la flamante normativa para sobreseer a un chico de 14 años imputado en una tentativa de asalto callejero.
Con este pronunciamiento, el Ministerio Público Fiscal consolidó la apelación presentada por los funcionarios Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, integrantes de la unidad fiscal especializada. En su presentación, los acusadores remarcaron que declarar la invalidez constitucional de una ley vigente sancionada por el Congreso debe constituir un recurso de estricta excepción, advirtiendo que la magistrada invadió facultades legislativas y quebrantó el principio republicano de división de poderes.
La controversia se originó tras un hecho registrado el pasado 10 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires, cuando un transeúnte fue interceptado por un grupo de jóvenes y alertó a la policía para evitar el despojo de sus pertenencias. Al resolver la situación del adolescente, la jueza justificó su criterio en el contexto de vulnerabilidad socioeconómica del acusado, remarcando que se encontraba fuera del sistema escolar y con problemas de alimentación, por lo que someterlo a un proceso penal resultaría estigmatizante y regresivo.
Frente a esa postura, el recurso fiscal cuestionó la falta de sustento técnico para demostrar de qué manera el avance del expediente lesionaba las garantías del menor. Por tal motivo, los representantes estatales no solo exigieron revocar de inmediato el sobreseimiento para reanudar la investigación, sino que solicitaron formalmente el apartamiento de De Marinis para que no continúe interviniendo en las actuaciones.
La definición de la causa quedó ahora bajo la órbita de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, integrada por los magistrados Ignacio Mahiques, Martín Larocca y Fernando Franza. En paralelo al frente estrictamente tribunalicio, la tensión escaló al ámbito político: el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, promovió un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura contra la jueza bajo los cargos de presunto mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho.
