A través del Decreto 1010/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional promulgó la Ley 27.819 que ratifica el tratado de libre comercio bilateral entre el Mercosur y Singapur. Con esta formalización legal, la Argentina completó los procedimientos constitucionales internos requeridos para la entrada en vigor del instrumento diplomático suscrito en Río de Janeiro en diciembre de 2023, consolidando el primer entendimiento comercial preferencial que el bloque regional sudamericano sella con un Estado del sudeste asiático.

Catalogado técnicamente por los países miembros como un "acuerdo de nueva generación", el texto normativo consta de 19 capítulos transversales orientados a modernizar la dinámica comercial e incrementar los flujos de inversión mutua. Las pautas fijadas contemplan esquemas de rebajas arancelarias para el intercambio de bienes y servicios, así como regulaciones de avanzada en materia de propiedad intelectual, contrataciones del sector público, facilitación aduanera, marcos para el comercio electrónico y mecanismos específicos de estímulo para la integración de micro, pequeñas y medianas empresas en las cadenas globales de valor.

La promulgación del tratado sobreviene a un contundente aval de las fuerzas políticas en el Congreso de la Nación, luego de haber obtenido aprobación por unanimidad en la Cámara de Senadores en mayo y una aplastante mayoría de 234 votos afirmativos contra apenas cuatro negativos en Diputados a fines de agosto. Desde la Cancillería destacaron que el instrumento consolida un sendero de previsibilidad institucional clave para la inserción externa, convocando a los actores del sector privado a capitalizar las ventajas arancelarias abiertas en el mercado asiático.

Por su parte, los representantes del Poder Ejecutivo remarcaron el alcance estratégico que reviste la plaza financiera y logística de Singapur como cabecera de desembarco para las exportaciones argentinas con valor agregado en el oriente. Al dotar de certidumbre a los marcos regulatorios y afianzar garantías para la radicación de capitales, la administración central busca apuntalar el perfil superavitario de la balanza comercial y posicionar al país dentro de uno de los polos de innovación tecnológica y consumo de mayor dinamismo global.