La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme, por ahora, la cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la ley de Financiamiento Universitario generó repercusiones inmediatas entre referentes académicos, gremiales y legisladores que acompañaron el proyecto aprobado por el Congreso.

El máximo tribunal rechazó el recurso del Gobierno por falta de sentencia definitiva, por lo que se mantiene la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles previstas en la normativa.

La resolución llega después del acuerdo firmado entre el Ministerio de Capital Humano y las universidades públicas, por lo que no tendría un impacto económico adicional por fuera de lo ya previsto por Nación. Sin embargo, el fallo representa un aval institucional a la ley sancionada por el Parlamento.

Las reacciones del sector universitario

Tras conocerse la decisión, la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, sostuvo que el fallo también debe leerse como resultado de la movilización universitaria.

"Sabemos que los tiempos de la Corte no son ajenos al clima político, por eso reivindicamos esto también como producto de la lucha articulada de la comunidad universitaria. No vamos a bajar los brazos hasta que el Gobierno cumpla la ley", expresó.

En la misma línea, el secretario general de Aduba, Emiliano Cagnacci, afirmó que la decisión judicial pone en valor la ley aprobada por el Congreso. "No se puede elegir qué leyes cumplir y qué leyes no cumplir en democracia", señaló.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, también celebró el fallo y agradeció a "una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos".

Entre los diputados, Esteban Paulón, de Provincias Unidas, calificó la decisión como "un gran triunfo de la comunidad universitaria y de la institucionalidad democrática", y remarcó que "las leyes votadas por el Congreso se cumplen, sin excusas".

Desde el mismo bloque, Pablo Juliano sostuvo que se trata de una buena noticia para el sistema republicano. "En una República democrática, el Presidente no puede hacer lo que quiera. Fin de la discusión. Que pague", planteó.

El bloque de Unión por la Patria emitió un comunicado en el que exigió que el Gobierno acate el fallo y haga efectiva la ley. Además, advirtió que no hacerlo podría implicar incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Su presidente, Germán Martínez, apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al señalar que es el funcionario encargado de realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir con la normativa.

A comienzos de mes, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, firmó un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios docentes y no docentes para destrabar el conflicto. Según informó la cartera nacional, el acta estableció una recomposición salarial del 24,33% para el sector universitario.