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La Casa Rosada prepara una resolución para endurecer controles sobre el mercado de semillas mientras negocia una reforma legal con productores y empresas del sector.
El Gobierno nacional avanza en una reforma de la Ley de Semillas y, como paso previo al envío de un proyecto al Congreso, prepara una resolución destinada a reforzar los controles sobre la producción, comercialización y utilización de semillas en el país. La iniciativa forma parte de una mesa de trabajo que reúne al Ejecutivo, entidades agropecuarias y representantes de la industria semillera.
La próxima reunión entre las partes está prevista para el 9 de junio, fecha que el Gobierno considera clave para acercar posiciones antes de abrir el debate legislativo. Mientras tanto, la estrategia oficial será avanzar primero por la vía administrativa con nuevas medidas de fiscalización.
La normativa actual, la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 20.247, fue sancionada en 1973 y regula los derechos de los obtentores de variedades vegetales y el uso de semillas por parte de los productores.
Uno de los puntos centrales del debate es el denominado uso propio, que permite a los productores reservar parte de la cosecha para utilizarla nuevamente en futuras campañas sin necesidad de adquirir nuevas semillas. Ese mecanismo es defendido por buena parte del sector agropecuario y se encuentra en el centro de las negociaciones.
Desde el Gobierno consideran que el marco regulatorio necesita una actualización para incentivar inversiones en biotecnología, innovación genética y desarrollo de nuevas variedades productivas.
La discusión también se aceleró a partir del acuerdo comercial con Estados Unidos, que contempla avanzar hacia estándares más estrictos en materia de protección de la propiedad intelectual.
En ese contexto aparece el debate sobre UPOV-91, un convenio internacional que amplía los derechos de los obtentores vegetales. Actualmente, la Argentina se encuentra adherida a UPOV-78, considerada una versión más flexible para los productores por las posibilidades que brinda respecto al uso propio de semillas.
Las empresas semilleras sostienen que el régimen actual desalienta la inversión y limita la incorporación de nuevas tecnologías. Según argumentan, una mayor protección de los derechos intelectuales permitiría mejorar la competitividad y aumentar los rendimientos productivos.
Las entidades rurales aceptan discutir una actualización de la ley, pero buscan preservar el uso propio y evitar mecanismos que impliquen mayores costos para los productores.
Entre las propuestas planteadas por la Mesa de Enlace figura mantener el uso propio gratuito hasta un determinado nivel de producción. Uno de los esquemas analizados establece un límite de 500 hectáreas para acceder a ese beneficio, mientras que por encima de esa superficie podrían aplicarse pagos sobre el excedente.
Además, las negociaciones incluyen otros aspectos como:
La cantidad de años permitidos para la multiplicación de semillas.
El alcance de las regalías por propiedad intelectual.
El rol del Estado en los controles.
Los mecanismos para evitar abusos contractuales entre privados.
Antes de avanzar con una reforma legislativa, el Gobierno planea reforzar la fiscalización mediante una resolución administrativa.
La iniciativa buscará mejorar los controles sobre:
El origen legal de las semillas.
La trazabilidad de los materiales utilizados.
Las declaraciones de uso propio.
El cumplimiento de las obligaciones vigentes.
Uno de los objetivos principales es reducir la informalidad y combatir la denominada "bolsa blanca", término utilizado para describir la comercialización o reutilización de semillas por fuera de los canales declarados.
El Instituto Nacional de Semillas (INASE) tendrá un rol central en cualquier esquema futuro de control. El organismo es responsable de la inscripción de cultivares, la fiscalización de la producción y comercialización de semillas y la protección de las creaciones fitogenéticas.
Desde el sector agropecuario reclaman que cualquier modificación legal vaya acompañada de un fortalecimiento real del organismo, con reglas claras y mecanismos de control eficientes que no trasladen toda la carga administrativa a los productores.
La reunión prevista para el 9 de junio servirá para medir el grado de consenso alcanzado entre la industria semillera y las entidades rurales. Aunque las conversaciones continúan, el propio Gobierno reconoce que todavía existen diferencias importantes sobre varios de los puntos centrales de la futura reforma.
