El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad deberá aportar una muestra de voz para cotejarla con las grabaciones que originaron la causa. Las defensas sostienen que el material pudo haber sido adulterado.
La Justicia ordenó que Gendarmería Nacional realice un peritaje sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de una causa por presuntas coimas y direccionamiento de contrataciones.
Como parte de la medida, el exfuncionario deberá presentarse en tribunales para aportar una muestra de voz, que será comparada con las grabaciones que dieron origen al expediente.
El juzgado fijó los puntos de pericia que deberán estudiar los especialistas. Antes del análisis técnico, Spagnuolo tendrá que grabar determinadas palabras y frases para que sean cotejadas con los audios difundidos públicamente.
El objetivo será determinar si la voz corresponde efectivamente al exfuncionario y si los archivos presentan signos de edición, manipulación o generación mediante inteligencia artificial.
La medida fue impulsada por las defensas de algunos acusados, que sostienen que las grabaciones son apócrifas.
Según ese planteo, los audios habrían sido generados o modificados con IA, contendrían cortes, fragmentos sacados de contexto y expresiones que no corresponderían a Spagnuolo.
La defensa del extitular de ANDIS, encabezada por Mauricio D'Alessandro y Pablo Parera, presentó el año pasado un informe técnico privado que, según sostuvo, detectó un 65% de probabilidades de que la voz hubiera sido modificada mediante inteligencia artificial.
El peritaje fue ordenado después de un fallo de la Cámara Federal y representa un cambio respecto del criterio sostenido previamente por el entonces juez subrogante Sebastián Casanello.
La causa ahora está en manos de Ariel Lijo.
Hasta el momento, las grabaciones no habían sido incorporadas como prueba principal de la investigación por el riesgo de que una eventual falsedad o adulteración afectara el expediente bajo la doctrina del "fruto del árbol envenenado".
Los peritos deberán analizar el origen natural o sintético de los archivos, posibles procesos de edición, parámetros acústico-fonéticos y eventuales intervenciones mediante herramientas de inteligencia artificial o síntesis digital.
También deberán revisar dos audios adicionales disponibles en internet para detectar posibles diferencias entre las distintas versiones.
La investigación ya cuenta con cerca de 20 procesados y avanza hacia una nueva tanda de resoluciones judiciales.
El expediente investiga un presunto esquema de direccionamiento de contrataciones dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Según la acusación, exfuncionarios, empresarios y otros involucrados habrían integrado una asociación ilícita dedicada a adjudicar contratos millonarios a cambio de coimas de entre el 12% y el 20% de los montos involucrados.
El fiscal federal Franco Picardi reunió además pruebas independientes de los audios, entre ellas capturas de chats en las que se mencionan presuntos pagos irregulares.
En paralelo, un informe del Ministerio de Salud incorporado al expediente advirtió presuntos "desvíos críticos y sobreprecios" en compras realizadas por ANDIS durante 2025.
El documento analizó operaciones vinculadas a insumos ortopédicos y médicos, y señaló diferencias de precios respecto de valores de referencia utilizados por otros organismos estatales.
También se detectaron presuntas conexiones societarias y familiares entre proveedores, además de posibles maniobras de simulación de competencia.
El relevamiento incluyó 505 expedientes por más de $18.368 millones y fue incorporado a la causa que investiga el presunto fraude dentro del organismo.