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El fiscal Gerardo Pollicita citó al contratista que realizó refacciones en la casa de Manuel Adorni en Exaltación de la Cruz. La Justicia investiga el origen de los fondos.
La causa judicial que investiga la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tendrá este lunes una declaración clave. El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a Matías Tabar, contratista a cargo de las refacciones realizadas en la casa de fin de semana que el funcionario compró junto a su esposa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
El testigo deberá presentarse a las 11 en los tribunales de Comodoro Py. La Justicia busca determinar qué trabajos se hicieron en la vivienda, cuánto costaron y si los pagos fueron efectivamente afrontados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
Tabar, vinculado al grupo Alta Arquitectura, será consultado sobre las obras realizadas en la propiedad adquirida a fines de 2024. Hasta el momento, los investigadores no lograron precisar el monto exacto destinado a las renovaciones.
El expediente también puso la lupa sobre la situación registral del inmueble. Según la documentación incorporada a la causa, la escritura se firmó el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster, pero el cambio de titularidad aún no fue registrado en el municipio de Exaltación de la Cruz.
Ese dato consta en un informe oficial que ya está en manos de la fiscalía y que mantiene como titular municipal al anterior propietario, Juan Ernesto Cosentino.
El eje central de la investigación es reconstruir el origen del dinero utilizado para la compra de la casa del country y otros bienes vinculados al funcionario. Según los datos que forman parte del expediente, Adorni declaró ingresos mensuales de $3.500.000 hasta el año pasado, cifra que luego ascendió a $7.000.000, mientras que los gastos detectados superarían esos montos.
En sus últimas apariciones públicas, el jefe de Gabinete negó cualquier enriquecimiento ilícito y aseguró que puede justificar los más de US$100.000 ya gastados y otros US$335.000 que debe abonar antes de noviembre en operaciones inmobiliarias.
La causa tramita ante el juzgado federal de Ariel Lijo y es impulsada por Pollicita, quien ya solicitó informes a registros de la propiedad, registros automotores y organismos financieros para reconstruir la evolución patrimonial.
El miércoles también declarará Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas acreedoras de Adorni. Deberá presentarse con su celular, facturas, tickets y documentación vinculada al pago de expensas y a las refacciones del departamento donde vive el funcionario en Caballito.
