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El fiscal de la causa AMIA afirmó que existen pruebas suficientes para demostrar la participación de Hezbollah en el atentado de 1994, el ataque terrorista más grave de la historia argentina, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.
El fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la AMIA (UFI-AMIA), Sebastián Basso, aseguró que existen pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de la organización Hezbollah en el ataque contra la mutual judía ocurrido en Buenos Aires en 1994. El funcionario sostuvo que, con la evidencia reunida, el caso podría avanzar hacia una instancia judicial.
Según explicó el fiscal, la investigación logró consolidar distintos elementos que permitirían sostener la acusación contra integrantes de la organización armada libanesa, a la que también vinculó con el gobierno iraní. En ese marco, remarcó que Hezbollah actuó como una estructura operativa ligada a intereses estratégicos de Irán.
El ataque contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994, fue perpetrado mediante un coche bomba que destruyó el edificio ubicado en el barrio de Once. La explosión provocó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos, convirtiéndose en el atentado terrorista más grave registrado en el país.
A pesar de los años transcurridos, la causa judicial continúa abierta y sin condenas firmes contra los responsables materiales del ataque. A lo largo de las investigaciones, distintos organismos de inteligencia y autoridades judiciales señalaron a Hezbollah como el grupo encargado de ejecutar el atentado.
Las investigaciones judiciales y fallos recientes también apuntan a que el atentado formó parte de una decisión estratégica tomada por autoridades iraníes y ejecutada por la organización Hezbollah. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal consideró que Irán fue quien planificó el ataque y Hezbollah quien lo llevó a cabo.
En ese contexto, la justicia argentina mantiene pedidos de captura internacional contra varios ciudadanos iraníes y libaneses sospechados de haber participado en la planificación y ejecución del atentado. Sin embargo, más de tres décadas después del ataque, el caso sigue siendo uno de los mayores símbolos de impunidad y falta de resolución judicial en la historia argentina.
