Tras la publicación del decreto que disuelve la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, responsabilizó al presidente Javier Milei y al ministro Federico Sturzenegger de poner en riesgo la seguridad vial y generar "rutas nacionales de la muerte".

El Gobierno decidió traspasar las funciones de Vialidad al Ministerio de Economía y a una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Aleñá denunció que la medida responde a "una decisión ideológica" que busca "achicar el Estado para hacer negocios".

"Más de 5.500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas a la deriva y 40 mil kilómetros sin mantenimiento", advirtió. También señaló que la liquidación de maquinarias y edificios públicos representa un "negociado con el patrimonio nacional".

Para la dirigente, el decreto debilita la planificación técnica y federal de la infraestructura vial, reemplazándola por un modelo privatizador que responde a lógicas de mercado y no a necesidades sociales.

Además, cuestionó el traspaso de funciones al Ministerio de Economía, ya que "aleja las decisiones del territorio y elimina el control parlamentario".

Aleñá negó que Vialidad esté sobredimensionada o limitada al desmalezamiento, y recordó que realiza tareas clave como repavimentación, señalización y control de obras. "El problema es el desfinanciamiento deliberado que ahora se usa para justificar su cierre", concluyó.