Sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy argumentaron que la edad de Cristina (72 años), el atentado sufrido en 2022 y su condición de ex presidenta la convierten en una persona con riesgos de seguridad que no puede ser alojada en una cárcel común sin vulnerar estándares constitucionales y de derechos humanos.
Tras la confirmación del fallo en la causa Vialidad por parte de la Corte Suprema, la defensa de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó que se le conceda arresto domiciliario en su actual residencia de San José 1111, donde vive con su hija Florencia, sin pasar por una alcaidía ni utilizar tobillera electrónica.
En un escrito de 13 carillas, sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy argumentaron que la edad de Cristina (72 años), el atentado sufrido en 2022 y su condición de ex presidenta la convierten en una persona con riesgos de seguridad que no puede ser alojada en una cárcel común sin vulnerar estándares constitucionales y de derechos humanos.
Además, los letrados remarcaron que la ex mandataria cuenta con custodia permanente, lo que haría "completamente innecesario" el uso de una tobillera electrónica, a pesar de que el sistema está previsto por la Ley de Ejecución Penal.
Por su parte, el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, fijó un plazo de cinco días hábiles para que todos los condenados por la causa se presenten en Comodoro Py para su detención. A la vez, pidió al Ministerio de Seguridad que disponga lugares adecuados para alojarlos.
Mientras tanto, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la inmediata detención de Cristina Kirchner, señalando que el plazo otorgado es excesivo, considerando el fin de semana y un feriado nacional que lo prolongan.