A través del decreto 1048, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno eliminó cinco fondos fiduciarios públicos tras una auditoría de la Sigen que detectó irregularidades en su funcionamiento. La medida se justifica en la búsqueda de mayor transparencia y eficiencia en la administración de los recursos públicos.

Entre los fideicomisos disueltos figuran el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), que presentaba deficiencias en la gestión de inversiones; el Programa de Inversiones Estratégicas, inactivo en los últimos años; y el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, con falencias en su implementación. También se eliminaron el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del Norte (Proicsa), sin actividad desde 2020, y el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, que evidenció demoras e irregularidades en su rendición de cuentas.

En total, los fideicomisos representaban más de $2500 millones anuales. Este cierre se suma a la eliminación de otros 11 fondos durante la gestión de Javier Milei, entre ellos el Fondo Fiduciario Progresar y el Fondo Fiduciario para la Cobertura Universal de Salud (FFCUS).

Desde diciembre de 2023, el Ministerio de Economía asumió el control de los fondos fiduciarios, argumentando su falta de transparencia. En marzo, se disolvió el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, y en meses posteriores se eliminaron otros fideicomisos vinculados a la agroindustria, energías renovables y la protección ambiental. Según el Ejecutivo, estas medidas buscan optimizar el uso de los recursos públicos.