Moro había cubierto en Mendoza los juicios de lesa humanidad.
La familia de Sebastián Moro, el periodista argentino presuntamente asesinado en Bolivia durante el golpe de Estado contra Evo Morales, denunció que la investigación sobre su muerte "está paralizada" y acusó al exembajador argentino Normando Álvarez García de "no cumplir con sus funciones" por negarse a gestionar un avión sanitario para trasladarlo a su Mendoza natal.

"Es una lucha muy ardua la que llevamos a cabo en este año y ocho meses reclamando cosas y vemos que la causa está parada en Bolivia. Para nosotros, el exembajador no cumplió con sus obligaciones. No se portó como esperábamos. No nos ayudó cuando Sebastián estaba internado ni después, cuando falleció", dijo a Télam Penélope Moro, hermana de Sebastián y también periodista.

Añadió que el exembajador macrista en La Paz "no nos permitió tener un avión sanitario para transportarlo con vida, ni tampoco para llevarnos sus restos. Nos indujeron a cremarlo y no se le puedo hacer una autopsia".

Su trayectoria
Sebastián Moro era un periodista que se había ganado un prestigio en Mendoza durante las coberturas que realizó en los juicios de lesa humanidad que se desarrollaron en la provincia.

Colaboraba con el diario Página/12 y hacía casi dos años que vivía en Bolivia, donde trabajaba para la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que el 9 de noviembre de 2019 -un día antes de la asonada contra Morales- resultó atacada por grupos de choque opositores al Gobierno.

Un día antes del golpe a Evo Morales, un grupo de choque atacó al director de ese medio de comunicación, José Aramayo, quien resultó golpeado, torturado y atado a un árbol, en un intento de linchamiento en el que casi pierde la vida.

Sebastián, quien describió en Página/12 el clima que se vivía en Bolivia en las jornadas previas al golpe y era un comunicador "conocido" para las autoridades argentinas destacadas en Bolivia, se acercó a su lugar de trabajo el día de la asonada.

En medio de la conmoción que reinaba en el país con policías amotinados y grupos armados que atacaban a simpatizantes de Morales, los familiares de Sebastián perdieron contacto con él entre el 9 y el 10 de noviembre

"Empezamos a contactarnos con las personas que lo conocían, que sabían dónde podía estar. No dábamos con él hasta que un amigo suyo pasó por la casa donde vivía en La Paz y lo encontró inconsciente, tirado en el piso y golpeado. Es ahí cuando decidimos viajar a Bolivia con mi hermana Melody y mi mamá (Raquel Rocchietti)", contó Penélope, que con la noticia del estado de salud de su hermano decidió ir a Bolivia.

El 11 de noviembre Moro quedó internado en una sala de terapia intensiva de una clínica de La Paz; Penélope estuvo con él y luego llegaron Melody y Raquel.

"Álvarez García se hizo presente en la clínica. Nos trajo yerba, nos hablaba de cosas sin importancia como el clima. Le dimos dos recetas de Sebastián para que nos traiga unos medicamentos y no lo vimos más. Mientras tanto iba por los medios diciendo que no había habido un golpe", relató Penélope.

De esta forma describió la periodista el rol que por esos días jugó en Bolivia el actual ministro de Trabajo de Jujuy, quien la semana pasada recibió una condecoración por parte del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por la acción diplomática que cumplió en la nación andina.

El 16 de noviembre, a la medianoche, Sebastián muere el mismo día en el cual había comenzado, más temprano, la represión en la localidad de Sacaba, en el departamento de Cochabamba.

Por órdenes de la recientemente instalada dictadura de Jeanine Áñez morirían en esa jornada 11 personas y 120 resultaron heridas a manos de los efectivos policiales y militares.

Cuatro días más tarde, en Senkata, cerca de la ciudad de El Alto, se produjo otra masacre a balazos contra manifestantes que dejó la misma cantidad de víctimas fatales.

"A partir de allí, las autoridades consulares empiezan a apurarnos para que nos vayamos del país. Nos decían que a Sebastián había que enterrarlo en un camposanto o cremarlo. Nos daban esas opciones, todo debía hacerse rápido. Fue así como no le pudimos hacer una autopsia al cuerpo de mi hermano", indicó.

Viviana Beigel es la abogada que representa a la familia de Moro en este caso y aseguró a Télam que la investigación que se lleva a cabo en Bolivia, y que instruye la fiscal Dubravka Jordan Velázquez, carece de "compromiso y seriedad".

"La causa está calificada como "homicidio simple", pero no se detuvo a nadie, no se produjeron pruebas ni se reconstruyeron los hechos. Hay poca seriedad en la investigación", señaló la letrada a esta agencia.

Beigel aseguró que se logró tomarle fotos al cuerpo de Sebastián antes de la cremación y se constataron heridas en las piernas y el tórax.

Ante la falta de resultados de la investigación, la abogada presentó ante los tribunales federales de Mendoza un pedido para que en base al principio extraterritorial de justicia universal, la causa se active desde Argentina, algo pendiente de resolución.

"Cremamos a Sebastián el 19 y nos fuimos con sus cenizas. Nos negaron un avión para trasladarlo. Nos dijeron que no se podía. Un avión no podía tocar suelo boliviano en medio de esa situación que se vivía. Pero hoy nos enteramos que sí podía, en cambio, arribar un Hércules con armas", apuntó Penélope en relación al envío de materiales represivos a Bolivia que hizo el Gobierno de Mauricio Macri cuando se consolidaba el golpe.

Las cenizas de Sebastián se enterraron el 30 de noviembre en una ceremonia en un paraje rural de Guaymallén, Mendoza, a la que asistieron sus compañeros, amigos y militantes de organismos de derechos humanos mendocinos.

Un día antes, en la embajada de La Paz, Álvarez García, realizó un agasajo a los golpistas en una ceremonia a la que asistió el ministro de Defensa de Áñez, Fernando López Julio, quien en la actualidad se encuentra prófugo de la Justicia.

"La muerte de Sebastián, mi hijo, fue un mensaje aleccionador para la prensa libre. Él se convirtió en la primera víctima de la dictadura que se instaló en Bolivia. Hubo inteligencia sobre sus actividades. Negarlo, callarlo, ocultar pruebas, constituye un delito de lesa humanidad", señaló Raquel Roccchietti al declarar el viernes pasado por medios electrónicos ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur.