Ocamica reconstruyó –a través de correos electrónicos- que fue el propio Abad quien se involucró en la “muestra” de casos que se trabajaron en la Auditoría N°15, y agregó a once contribuyentes que no habían sido seleccionados por los expertos. Esto completó el cuadro en el que había “bajado” la orden de avanzar contra Oil en la auditoría N°14. El testigo quedó embrollado en las fechas y se excusó de responder varias preguntas que giraban en torno a una singular coincidencia: todo pareció haberse desencadenado en simultáneo el 15 de marzo de 2016. Una nota periodística en el diario La Nación; la denuncia penal que terminó en Comodoro Py; tareas de campo que se supone habían sido previas, incluso, a que se fije un “programa de auditoría” para la petrolera y se lo incorpore al sistema informático para trámites administrativos; y hasta reuniones donde se dispuso que la AFIP –con la excusa de analizar la gestión de cobros de una agencia- tomara como eje a la petrolera.

Cuando los defensores preguntaron por qué había un “informe” sin fecha anexado a la causa y cuándo había tenido efectiva firma digital registrada en los sistemas, Ocamica no fue muy preciso: “unos días después”. “¿Lo que se presentó al juzgado (de Julián Ercolini) fue un informe sin fecha?”, repreguntaron. “Admito que puede ser una deducción válida”, reconoció. “Es totalmente válida la inquietud porque todas las fechas coinciden. No le puedo precisar por qué”, indicó el auditor ante preguntas directas del presidente del TOF 3 Fernando Machado Pelloni.

Revisando papeles y folios de la causa, Ocamica parecía no hallar la totalidad de los trabajos que debieron haber estado, con lo que quedó la sensación que Ercolini tuvo información incompleta o fragmentada. El testigo se esmeró en repetir que se trataba de un “borrador”, aunque –confrontado con otras auditorías previas- no tenía la marca de agua que lo identificaba como tal. Era un borrador que fue utilizado como informe preliminar oficial, o viceversa. Los detalles pidió que se los pregunten a un subalterno porque los desconocía, y remarcó que el objeto de auditoría “nos venía dado”, apuntando hacia arriba. “Ojo que esto no es un dictamen fiscal. Se embanderan en una opinión y no es un dictamen jurídico”, se diferenció Ocamica sobre el peso que debió haber tenido su trabajo que terminó calcado en la acusación del fiscal Gerardo Pollicita como puntal para sostener la causa.

Pidió la palabra para aclarar varios conceptos de las conclusiones: “consulté al supervisor y él me comenta de un archivo con el borrador del día 28/6 donde el punto cinco tenía una redacción diferente. Se modificaba el título. Tenía incluido los dos planes (de pago cuyo cumplimiento era regular) y tampoco estaba el segundo párrafo del efecto. Fue modificado en la subdirección”, dijo apuntando a Sosa.

Por las dudas, aclaró que jamás se hacían cambios sustanciales o de sentido en esa instancia. Fue lo más contundente que pudo para dar a entender que había ocurrido lo contrario. Ese elemento era considerado central en la elevación a juicio pero quedó desvirtuado con el correr de la declaración.