Se trata de una iniciativa que propone prorrogar por otros 180 días la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, dispuesta por el Congreso en diciembre, lo que habilitaría al Gobierno a definir por decreto los incrementos trimestrales para jubilados, pensionados y titulares de programas sociales.

El Gobierno justificó esta suspensión en los efectos negativos que provoca la pandemia de coronavirus en la economía.

"En momentos de grandes distorsiones de las variables macroeconómicas que inciden sobre los diversos elementos que podrían constituir los parámetros de una ecuación de movilidad, y en el marco de una volatilidad de la actividad económica que se va acomodando, diariamente, a la realidad impuesta por la pandemia mundial del COVID-19, resulta absolutamente imposible ya no solamente construir una fórmula de movilidad seria, razonable y perdurable, sino tan solo prever o predecir cómo se comportarán las variables económicas en los próximos meses de modo tal de determinar, a priori, pautas serias para fundamentar técnica, económica y políticamente, los ajustes trimestrales establecidos por la ley", argumenta el proyecto de ley del Gobierno.

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"Elaborar en este período excepcional y sin precedentes una nueva fórmula de movilidad, o pretender fijar hoy los parámetros con los cuales se harán los ajustes trimestrales que la ley autoriza hasta el final de la prórroga que se requiere, no es consistente ni con el objetivo fijado por nuestra Constitución ni con el de la ley N° 27.541 (de emergencia pública, sancionada en diciembre pasado), toda vez que ambas normativas buscan establecer una fórmula confiable, robusta y duradera que brinde estabilidad y confiabilidad al sistema previsional", agrega la iniciativa oficial.

Desde Juntos por el Cambio anticiparon su rechazo al proyecto del Gobierno. "La movilidad es un derecho constitucional y debe estar reglamentado por ley. Los aumentos por decreto han quitado previsibilidad a los jubilados sobre cuánto van a cobrar y los han perjudicado. Con los decretos para marzo y junio, los jubilados cobran entre 540 y 14000 pesos por mes menos de lo que les correspondería por la Ley de Movilidad. Creemos que hasta tanto se sancione una nueva ley, debe regir la actual y no puede el Ejecutivo tener esa facultad discrecional", enfatizó el diputado radical Alejandro Cacace, vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

"Un año de discrecionalidad y pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, donde el Gobierno establece aumentos por debajo de la inflación", fustigó, por su parte, el diputado mendocino Luis Petri. "Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, entre enero y agosto el Gobierno ahorrará 34.000 millones de pesos por el brutal ajuste a los jubilados. Toda la oposición debe decir "no" al ajuste de Alberto Fernández a los Jubilados", exigió el legislador radical.

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