La Argentina sumó una nueva resolución adversa en los tribunales internacionales. La Corte de Apelaciones de Washington DC ratificó la condena contra el Estado argentino y le ordenó pagar US$390,9 millones al fondo Titan Consortium. La causa tiene su origen en la expropiación de Aerolíneas Argentinas concretada en 2008.

El fallo de la cámara estadounidense rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa nacional, con el que se buscaba anular la sentencia previa. De esta forma, el tribunal dio validez al laudo del CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial que ya había fallado a favor de los demandantes.

El recorrido del reclamo y los cambios de manos

El litigio commercial tiene un largo historial de traspasos financieros. La demanda original fue interpuesta por el grupo español Marsans, controlante de la empresa al momento de la estatización. Con el tiempo, los derechos de litigio pasaron a manos de Burford Capital y finalmente a Titan Consortium, firma que litiga en Estados Unidos desde 2021.

Aunque en 2017 el tribunal arbitral dictaminó que la Argentina debía resarcir a los demandantes, el país agotó las instancias de apelación. En 2024 la justicia norteamericana homologó la sentencia, dejando fijado el monto definitivo del resarcimiento e intereses acumulados.

Negociaciones truncas y riesgo de embargos

A fines de 2024, las partes habían alcanzado un principio de acuerdo para estructurar el pago y cerrar el litigio. Sin embargo, el Gobierno argentino modificó su postura jurídica y no canceló el monto fijado, lo que derivó en la confirmación de la condena por parte de la Cámara de Apelaciones.

Frente a este escenario, la firma demandante reactivó las acciones para ejecutar el embargo de activos soberanos en el exterior. Aunque la identificación de bienes ejecutables presenta dificultades técnicas en los tribunales internacionales, el fallo suma un foco de presión financiera para el país.