El lunes, en tanto, el presidente Alberto Fernández liderará una reunión clave para cerrar los últimos detalles del proyecto del aborto y el de los 1000 días, que contempla la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos en los primeros años de vida.

En el encuentro estarán el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros Ginés González García (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujer, Géneros y Diversidad), y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, una de las principales impulsoras de la iniciativa.

Hoy, a diferencia de lo que sostenían hace una semana atrás, según admitieron fuentes oficiales,  no tienen el número de legisladores necesarios para sancionar la interrupción legal del embarazo. En este esn ticenario, la Casa Rosada trabaja codo a codo con sus espadas legislativas para convencer a algunos de los senadores.

El foco no solo se posará sobre los legisladores del Frente de Todos, a los que ya les bajaron el mensaje de que el proyecto es del presidente Alberto Fernández y hay que acompañarlo. Quien no está de acuerdo, puede ausentarse, pero no votar en contra.

Para quien lo haga habrá consecuencias, según advirtieron desde la Casa Rosada. La razón es simple: es la primera vez que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento un proyecto de estas características y no quieren exhibir debilidad política.

Pero también hay líneas de contacto abierta con algunos senadores de la oposición, como los jujeños Mario Fiad y Silvia Giacoppo. Algunos deslizaron que podría ser una prenda de negociación para frenar el polémico proyecto de intervención federal al Poder Judicial de la provincia de Jujuy que impulsa el kirchnerismo como parte de una estrategia por forzar la libertad de Milagro Sala.

En la Casa de Gobierno descartan que el proyecto tendrá media sanción rápidamente. Como adelantó el diario LA NACION, la pretensión del oficialismo es que el trámite parlamentario no lleve más de dos semanas.

La argumentación para imprimirle velocidad a un tema que generó una división profunda en la sociedad es que el debate ya se agotó durante la discusión de hace un año y medio.

Ya no hay dudas sobre los dos puntos clave que tendrá el proyecto: el límite para la interrupción legal del embarazo será la semana 14 de la gestación, en sintonía con el Código Penal. Y no se contemplará la objeción de conciencia para las clínicas privadas.

Cerca del presidente Alberto Fernández, que considera a esta ley como una prioridad, entienden que presentar una iniciativa con una posición intermedia le generaría quejas en ambos lados de la grieta, por eso descartaron una negociación y se decidieron por un proyecto en sintonía con lo que pretenden los que impulsan la legalización de la interrupción del embarazo.

El argumento para intentar saltear el debate dogmático que atravesó a la sociedad en 2018, cuando el proyecto fue rechazado por el Senado, es que se trata de un problema de salud pública.

El Presidente, según anticiparon allegados a él, liderará el debate, pero tendrá varios voceros de peso que recorrerán despachos del Congreso y canales de televisión.