El Gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Seguridad, Gianni Venier, participaron de la inauguración y puesta en funcionamiento de la Unidad Penal N° X “El Cerrito”, destinada principalmente a ampliar la cantidad de plazas para las personas que se encuentren privadas de libertad en la zona sur de la provincia.

Además, estuvieron presentes el director de la cárcel, Roberto Mango; el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, los intendentes de Ciudad, Rodolfo Suarez y Junín, Mario Abed y el director de la región Sur del ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Abel Freidemberg.
Luego del corte de cinta, recorrido y descubrimiento de placa, el Gobernador tomó la palabra y dijo: “Es un gusto que estemos aquí inaugurando esta nueva unidad del sistema penitenciario provincial, aquí tenemos 480 personas privadas de la libertad de los 4.600 que tenemos en todo Mendoza. Hoy inauguramos 150 plazas nuevas para mejorar las condiciones de vida de quienes están presos. Esto ayuda a la resocialización que es a lo que aspira al sistema para bajar los niveles de inseguridad, un edifico nuevo de esta envergadura es una inversión enorme para el estado provincial”.
Bajas en los índices de inseguridad
“En Mendoza hoy hay un plan ejecutándose en materia de seguridad y un plan específico en materia de incremento de plazas y de gerenciar de otra forma a los detenidos, cuando asumí el gobierno había 3.700 presos y hoy hay 4.600, esas 900 personas más se explican por la nueva política de seguridad y persecución penal. Estas 900 personas han cometido delitos con el uso de armas y antes este tipo de delitos quedaban en libertad esperando la elevación a juicio en sus casas, hoy toda persona que comete un delito con arma queda detenida hasta la elevación a juicio y esto ha permitido que 900 personas más están esperando la condena en la cárcel. Esto ha bajado el número de homicidios siendo 5 cada 100 mil habitantes, respecto a los robos agravados han disminuido en un 45%”, agregó el mandatario.
A su vez, Cornejo explicó: “Estos nuevos detenidos que usaban armas son los que originaban en buena parte estas estadísticas malas que teníamos, además creemos que podemos seguir bajando estos indicadores si mantenemos este plan a rajatabla. El Estado debe tener mano firme respecto a los que portan armas, por eso queremos continuar con esta política y esto requiere mayor inversión carcelaria con mejores condiciones de detención, por eso implantamos la ley que obliga a trabajar y estudiar a los detenidos para acceder a beneficios y está funcionando, hoy más del 50% estudian o trabajan”.