· 
Mendoza
6°C
Eliana Herrera permaneció un mes detenida por la muerte de su hijo de 23 meses en Pontevedra. El avance de las pericias determinó que era sometida a agresiones y amenazas por su pareja, quien quedó detenido por homicidio agravado.
Un giro decisivo en los tribunales de Morón modificó el rumbo de la causa por la muerte de un niño en Merlo. Eliana Herrera, la joven que permaneció un mes detenida bajo la acusación del crimen de su hijo de 23 meses, recuperó la libertad tras comprobarse que era víctima de un contexto de violencia de género extremo ejercido por su pareja.
El caso comenzó el 15 de junio, cuando el niño ingresó al hospital con graves traumatismos. Aunque inicialmente la pareja declaró que se trataba de un accidente doméstico, la gravedad de las lesiones derivó en la detención de ambos. Sin embargo, las pericias médicas y los testimonios posteriores permitieron reconstruir que la joven atravesaba un esquema de sometimiento y privación de libertad.
La investigación llevada adelante por la UFI N° 6 de Morón determinó que la mujer permanecía incomunicada, bajo amenazas de muerte y con signos de violencia física en su cuerpo. Ante este escenario, la Justicia desestimó los cargos en su contra y dictó la prisión preventiva para su expareja, Franco Benjamín Álvarez, por homicidio agravado por ensañamiento y alevosía.
Tras abandonar la dependencia policial, la joven comenzó a recibir asistencia psicológica para procesar el duelo y el trauma de la detención. En paralelo, su representación legal solicitó medidas de protección oficial frente a mensajes intimidatorios dirigidos hacia su familia.
En sus primeras declaraciones públicas, Herrera expresó el dolor por la pérdida de su hijo y relató las agresiones sufridas durante su arresto preventivo. La joven agradeció el apoyo de su entorno familiar y remarcó su compromiso por acompañar la causa hasta lograr justicia por el menor.
El expediente continuará su trámite de cara al juicio oral contra el único detenido. Mientras tanto, la querella solicitó mantener las garantías de seguridad para los testigos aportados a la causa que manifestaron temor a represalias durante el proceso judicial.
