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Estos individuos, que estaban cobrando pensiones no contributivas por invalidez laboral, fueron localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
Un operativo conjunto entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), liderada por Diego Spagnuolo, y el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, resultó en la detención de catorce delincuentes prófugos de la justicia, varios de ellos con antecedentes graves. Estos individuos, que estaban cobrando pensiones no contributivas por invalidez laboral, fueron localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
La información sobre estos beneficiarios surgió durante auditorías realizadas sobre más de 1.250.000 personas que reciben este tipo de pensiones, revelando un esquema de corrupción que desvía entre 1.200 y 2.000 millones de dólares anuales. Los detenidos incluyen acusados de delitos como robo agravado y violación, con uno de ellos acumulando hasta ocho causas.
La ANDIS había convocado a los prófugos para un reempadronamiento, utilizando la excusa de un trámite administrativo. De las 131 personas que debían presentarse, catorce asistieron y fueron arrestadas por la Policía Federal Argentina al confirmar su identidad.
Las auditorías realizadas en Buenos Aires han revelado que un 33% de los beneficiarios no pudieron ser localizados y que, de los que asistieron a la revisión, solo el 17% cumplía con los requisitos para recibir la pensión. Muchos presentaron documentación falsa o tenían diagnósticos incompatibles con su situación.
El informe señala que Argentina ha logrado importantes avances, destacando que en la primera mitad de 2024 el país alcanzó un superávit fiscal -el primero en 16 años-, reconstituyó sus reservas y redujo la inflación más rápido de lo previsto.
En respuesta a esta situación, el Gobierno de La Libertad Avanza ha publicado el Decreto 843/2024, que establece nuevos criterios para acceder y mantener las pensiones no contributivas. La normativa ahora requiere que los solicitantes demuestren una incapacidad total y permanente, y prohíbe a los beneficiarios tener empleo formal o ser titulares de otros beneficios.
Manuel Adorni, vocero presidencial, celebró el operativo, señalando que "los parásitos cayeron en su propia trampa" al intentar abusar del sistema. Las nuevas medidas buscan restaurar la confianza en el sistema de pensiones y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan.
