Después de la Revolución de Mayo surgió la necesidad de dictar una Constitución para la Nación Argentina, con la finalidad de constituir la unión nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior.
En ese documento se estableció un gobierno representativo, republicano y federal. El federalismo que adoptó fue moderado, ya que reconoció la autonomía de las provincias pero también organizó un poder central.
Se estableció un Poder Legislativo bicameral, un Poder Ejecutivo unipersonal, elegido por un colegio electoral y sin posibilidad de reelección, y un Poder Judicial independiente. El catolicismo se reconoció como religión oficial pero se garantizó la libertad de culto.
Las constituciones provinciales deberían tener la aprobación del gobierno nacional, y los gobiernos provinciales podrían ser juzgados por el Congreso Nacional, entre otros puntos.
Principalmente se aseguró el ejercicio de las libertades individuales y se llamó a habitar en suelo argentino a todos los hombres de distintas nacionalidades, concediéndoles derechos civiles.