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El Palacio San Martín respondió con dureza a la funcionaria británica Uma Kumaran, quien acusó al país de intentar socavar derechos. Cancillería recordó que ambas naciones ratificaron la Convemar y denunció que las exploraciones en la Cuenca Malvinas Norte violan resoluciones de la ONU.
A través de un extenso y contundente comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto cargó contra el gobierno del Reino Unido por cuestionar el pedido de arbitraje internacional interpuesto por la Argentina ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), con el que busca frenar las exploraciones petroleras unilaterales en la Cuenca Malvinas Norte. La Casa Rosada desmintió tajantemente que la medida judicial constituya un intento de "socavar" derechos y remarcó que acudir a un tribunal neutral es la vía más responsable para las naciones que adhieren al estado de derecho.
La cartera diplomática respondió directamente a las declaraciones de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien había aseverado que los proyectos hidrocarburíferos se ajustan a las normas internacionales. "Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal", replicó el Ejecutivo argentino, haciendo hincapié en que ambos países ratificaron de manera vinculante la Parte XV del tratado marítimo, la cual exige someter diferendos a instancias judiciales y acatar sentencias obligatorias.
En su descargo legal, la Cancillería puntualizó que Gran Bretaña continúa vulnerando la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, disposición que prohíbe taxativamente a ambas partes adoptar modificaciones unilaterales en el territorio y los espacios marítimos mientras persista la controversia de fondo. Asimismo, las autoridades remarcaron la plena vigencia de la histórica Resolución 2065 (XX), que insta a retomar negociaciones formales para una salida pacífica al diferendo de soberanía.
El gobernador mendocino integró la comitiva oficial en la Argentina Week de París junto a la ministra Jimena Latorre y una docena de mandatarios provinciales. En paralelo a la búsqueda de capitales para energía y minería, se abrieron discusiones clave con el Ejecutivo sobre las PASO y el Presupuesto.
Por último, el Gobierno desestimó cualquier intento británico de instrumentalizar el principio de autodeterminación sobre una población implantada, recordando que la Carta de la ONU no ampara ese criterio para el caso Malvinas, al tiempo que reafirmó el mandato constitucional de resguardar el modo de vida de los isleños conforme a la Disposición Transitoria Primera. Frente a las insinuaciones de Londres sobre la previsibilidad argentina, el documento concluyó con una definición diplomática: "La confiabilidad se mide por la fidelidad a los tratados asumidos. Cabe preguntarse qué conducta refleja mejor un compromiso responsable: recurrir a un tribunal internacional o desacreditar un mecanismo obligatorio".
