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El equipo legal de la expresidenta formalizó la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU alegando nuevas pericias presupuestarias. Buscan voltear la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua ratificada por la Corte Suprema.
La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, formalizó este martes una presentación internacional ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar la presunta vulneración sistemática de sus garantías procesales y derechos fundamentales durante el juicio de la denominada Causa Vialidad. La acción busca que el organismo internacional evalúe el proceso por el cual fue sentenciada a seis años de prisión —pena que cumple bajo arresto domiciliario en su residencia de Constitución— y deje sin efecto la sanción accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La presentación fue elaborada y remitida por el equipo jurídico integrado por los abogados Carlos Alberto Beraldi, el jurista brasileño Rafael Valim y el letrado español Javier Borrego. El escrito incorpora formalmente la auditoría pericial dada a conocer a mediados de septiembre, en la que la defensa sostiene que los recursos girados al empresario Lázaro Báez representaron menos del 1% del total presupuestario administrado por la Dirección Nacional de Vialidad durante sus dos mandatos. "Se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Báez; sus empresas estaban en lugares relegados respecto de contratistas que no tenían vínculo con el gobierno", ratificó la defensa para fundamentar la arbitrariedad de la sentencia.
El expediente recayó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, cuerpo integrado por 18 expertos internacionales independientes que monitorean la observancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por la República Argentina. Dicho cuerpo deliberativo tiene fijada su próxima sesión de trabajo en el transcurso de octubre, instancia donde podría comenzar a examinar la admisibilidad del recurso extraordinario planteado contra el Estado argentino.
El gobernador bonaerense criticó con dureza a la Corte Suprema por revocar la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737. Acusó a Javier Milei de recurrir a la Justicia tras no conseguir los votos en el Senado para convalidar la venta irrestricta a extranjeros.
La jugada internacional se activa luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara de manera unánime el recurso extraordinario de la defensa, otorgándole carácter de cosa juzgada a la condena original dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2. Si bien los dictámenes y recomendaciones emitidos por el Comité de Ginebra carecen de efecto vinculante o ejecutorio directo para anular de plano sentencias de la justicia local, representan una herramienta de peso político e institucional capaz de constituir antecedentes internacionales para reabrir discusiones jurisprudenciales en cortes regionales de derechos humanos.
