El gobernador Alfredo Cornejo salió al cruce de su par pampeano, Sergio Ziliotto, tras la presentación judicial con la que el gobierno vecino busca frenar el decreto nacional que asignó a Mendoza el 100% de las regalías del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles. A través de un extenso pronunciamiento público en redes sociales, el mandatario mendocino sostuvo que La Pampa incurre en un error técnico al mezclar la condición interjurisdiccional del río Atuel con el origen puntual de la renta hidroeléctrica, ratificando la legitimidad del instrumento firmado por el presidente Javier Milei que dejó sin efecto el reparto en partes iguales vigente desde 1973.

En su descargo, el titular del Ejecutivo provincial argumentó que la generación de energía en Los Nihuiles no responde únicamente al caudal que discurre por la cuenca hídrica, sino a factores geográficos y de inversión que radican íntegramente en territorio cuyano. "El río es interjurisdiccional, pero la fuente hidroeléctrica que genera la energía está en Mendoza; se necesita pendiente e infraestructura", remarcó Cornejo, amparándose en la normativa vigente, la jurisprudencia de los tribunales y los dictámenes técnicos de la Procuración del Tesoro de la Nación que avalan que las regalías corresponden a la jurisdicción donde opera el complejo generador.

Con el correr de su mensaje, el mandatario elevó el tono de la confrontación política al contrastar las estrategias de ambas administraciones frente a los recursos estratégicos. "Mientras La Pampa se dedica a judicializar cada decisión, Mendoza planifica, ejecuta e invierte en obras para aprovechar mejor sus recursos hídricos", fustigó, acusando directamente a la gestión de Ziliotto de transformar el conflicto del agua en una mera consigna proselitista: "Hacer política con un río y convertirlo en eslogan de gestión es muy fácil; lo difícil es invertir, hacer obras y construir acuerdos".

La réplica oficial se produjo pocas horas después de que la Fiscalía de Estado pampeana interpusiera una medida cautelar ante la Justicia Federal para impugnar los artículos 3° y 4° del Decreto 982/2026, alegando la vulneración del acuerdo tripartito firmado en 1992. Frente al avance de la pulseada legal en los tribunales, Cornejo cerró su postura desafiando a las autoridades de Santa Rosa a transparentar sus propios desembolsos en la materia, sentenciando que sería oportuno que la provincia vecina exhiba qué obras concretas financió para optimizar y cuidar los recursos naturales que manifiesta defender.