Con la mirada puesta en neutralizar las recientes victorias de la oposición y recuperar la iniciativa política de cara a un calendario electoral cada vez más cercano, el Gobierno nacional puso en marcha un exhaustivo reordenamiento de su estrategia legislativa en el Congreso para blindar el debate del Presupuesto 2027. Tras el revés parlamentario en el que bloques opositores emplazaron el tratamiento de expedientes sensibles sobre discapacidad y endeudamiento familiar, la Casa Rosada apunta a construir acuerdos previos con las bancadas dialoguistas para evitar traspiés en el recinto y proyecta concentrar sus principales proyectos en una única sesión de amplio volumen durante octubre.

La hoja de ruta para la Cámara Baja contempla el envío formal de la ley de leyes en las próximas jornadas —instancia en la que no está prevista la presencia física de Javier Milei—, articulando su tratamiento en comisiones junto al paquete de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa vinculada a las Islas Malvinas busca imponer severas sanciones a compañías foráneas que operen sin autorización del Estado argentino, presentándose como una herramienta de consenso transversal que ya cosechó el respaldo preliminar del PRO, a lo que el Ejecutivo pretende añadir la reforma del mercado de capitales delineada por Federico Sturzenegger en la medida en que las conversaciones no entorpezcan las prioridades fiscales.

En paralelo, la atención de Balcarce 50 se enfoca en destrabar el cuello de botella reglamentario acumulado en el Senado, donde la administración libertaria pretende acelerar votaciones decisivas antes del receso estival. El plenario de la Cámara Alta ya cuenta con dictamen de mayoría para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central —orientada a consagrar la estabilidad monetaria y clausurar el auxilio financiero al Tesoro— y el esquema de Inocencia Fiscal II, dos iniciativas que el oficialismo mantiene en carpeta a la espera de consolidar el quórum estricto junto a gobernadores y fuerzas provinciales.

El menú de reformas bajo análisis incluye también la suspensión de las elecciones primarias (PASO) en el marco de la reforma política, además de capítulos pendientes sobre el Super-RIGI, la desregulatoria Ley Hojarasca y eventuales modificaciones en Salud Mental y Etiquetado Frontal. Frente a la multiplicidad de interlocutores y presiones territoriales, el mandato de la mesa política oficialista consiste en negociar y pulir los textos normativos de antemano, eludiendo debates improvisados para asegurar que las reformas estructurales del modelo económico desembarquen en las bancas con los votos asegurados.