El Gobierno emplazó en el término de 30 días a los permisionarios de servicios de taxis o remises que derivaron la administración de sus permisos de explotación a un tercero a adecuarse a la regulación de mandatarias establecidas en la Ley de Movilidad. De esta forma, quienes quieran ser gestionadores de las chapas deberán inscribirse en la oficina de Registros de la Dirección de Transporte y cumplir con una serie de requerimientos, entre ellos, poseer patrimonio proporcional a la representación de licencias que administran.

La resolución que reglamenta su implementación busca poner blanco sobre negro a una actividad que no estaba formalizada y que podía derivar en el incumplimiento de garantías laborales. Sin embargo, para la Asociación de Propietarios de Taxis (Aprotam), esta medida los perjudica y sospechan que está “armada” para beneficiar a un “grupo de amigos”. Señalaron que en el 2018 presentaron un recurso en contra de la ley y aún no tienen respuestas por parte de la Justicia.

La ley 9.086 en su artículo 35 establece: “El mandatario administrador o mandataria es la persona jurídica que por mandato de terceros titulares de permisos de los servicios de taxi y remis administra la prestación del servicio, tomando a su cargo la contratación y la relación laboral con los choferes que fueren menester para la explotación con las unidades a su cargo, debiendo en cada caso reconocerse y respetarse la antigüedad, así como derechos y beneficios laborales y gremiales que los choferes trabajadores gozaran con respecto del titular del permiso”.

En Mendoza hay 1.463 taxis y 416 remises. De los primeros, la mayor cantidad de licencias –unas 50– están en mano de una misma familia pero a la que le adjudican tener muchas más unidades a través del alquiler de las chapas.

El director de Transporte, Luis Borrego, indicó que no hay números oficiales de cuántas personas están ejecutando la administración de los permisos ya que se trata de una actividad que no estaba formalizada.