El Ejecutivo oficializó el aporte a la Asociación Cooperadora del Hospital Central con imputación al Presupuesto 2026. Los recursos buscan regularizar pasivos y asegurar la continuidad de los tratamientos.

El Gobierno de Mendoza oficializó la entrega de un subsidio de $4.152.630.847,38 a favor de la Asociación Cooperadora del Hospital Central y Programas Especiales. La partida tiene como destino directo financiar la operatividad del Programa Provincial de Apoyo al Paciente Oncológico, regularizar los compromisos impagos con proveedores del sector y blindar la provisión ininterrumpida de insumos y tratamientos para los pacientes mendocinos.
La medida quedó rubricada a través de un decreto del Poder Ejecutivo y su ejecución operativa estará a cargo de la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud y Deportes. El pago total será desembolsado por la Tesorería General de la Provincia, con imputación correspondiente a los créditos asignados dentro del ejercicio fiscal del Presupuesto 2026.
De acuerdo con los considerandos de la disposición estatal, el expediente administrativo fue tramitado tras la presentación de un balance de auditoría, las autoridades legalmente constituidas de la cooperadora y las acreditaciones requeridas por el Estado para el otorgamiento de ayudas públicas. Si bien el decreto no especificó el detalle pormenorizado de las empresas acreedoras ni el porcentaje exacto reservado para cada obligación, el objetivo central es solventar deudas acumuladas y mantener el servicio en los niveles habituales de cobertura.
En materia de control, el Ejecutivo provincial estableció un régimen estricto de auditoría para la ejecución del subsidio:
Responsable directa: La titular de la Asociación Cooperadora, Cecilia Raquel Elvira Larra, deberá formalizar la rendición íntegra de los recursos ante la Subdirección de Auditoría del ministerio sanitario.
Plazo legal: La rendición contable tendrá que presentarse en un plazo máximo de 60 días hábiles posteriores a la efectiva acreditación de los fondos.
Marco sancionatorio: El procedimiento se regirá bajo los términos de la Ley 8706 y los controles del Tribunal de Cuentas de Mendoza, advirtiendo que cualquier irregularidad o mora administrativa inhabilitará a la entidad para gestionar futuros beneficios financieros del Estado.