La Cámara de Apelaciones determinó que la toma ya no favorece una solución laboral y dio lugar al pedido de la firma. El gremio tildó el fallo de aberrante y convocó a un abrazo frente a las instalaciones.

La Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo y restitución del predio de Fate a sus propietarios, haciendo lugar al recurso presentado por la compañía tras siete meses de ocupación. La planta de la localidad de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando, permanecía tomada por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) desde el 18 de febrero pasado, cuando la firma anunció el cierre definitivo y la desvinculación de 920 operarios.
La Sala 2 del tribunal consideró que los plazos de conciliación obligatoria —tanto a nivel nacional como en el ámbito provincial— se encuentran formalmente vencidos y que la permanencia en el inmueble no tiene la capacidad de destrabar el conflicto de fondo. En la notificación dirigida al secretario general del gremio, Alejandro Crespo, los jueces señalaron que "la continuidad de la toma ha perdido la virtud de convertirse en el motor de una reapertura de la fábrica", remarcando que los debates por indemnizaciones exceden a la vía penal. Asimismo, dispusieron que el operativo de desalojo se ejecute bajo protocolos estrictos de seguridad para preservar la integridad física de las personas.
La respuesta sindical fue inmediata: la conducción del SUTNA calificó el fallo judicial de "aberrante" y convocó a redoblar la presencia de operarios en los portones, organizando un abrazo a la fábrica y una conferencia de prensa en el acceso principal para resistir la medida.
Por su parte, la representación legal de Fate argumentó que quienes permanecen en el lugar revisten la condición de exempleados y detalló ante el tribunal que, de la nómina original, 900 bajas laborales ya fueron informadas ante ARCA, reduciendo a 196 los trabajadores despedidos sin acuerdo y llevando a cero el personal activo en relación de dependencia.
La compañía de la familia Madanes Quintanilla, con más de ocho décadas de trayectoria, justificó el cierre en una pérdida estructural de competitividad explicada por la Apertura comercial y caída de demanda debido al fuerte ingreso de neumáticos importados —principalmente desde China— combinado con el enfriamiento del mercado interno, y los costos y conflictividad para sostener el perfil exportador frente a los costos locales y reiteradas medidas de fuerza con bloqueos en las líneas de producción.
La crisis arrastraba antecedentes formales: la fábrica ya había recurrido al Procedimiento Preventivo de Crisis en 2019, cuando contaba con 2.000 dependientes, y reiteró el pedido en 2024 previo al desenlace de su cierre operativo.