El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza solicitó la cesantía de una empleada pública de la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad. La medida se inició tras un sumario administrativo que confirmó el abandono de sus tareas mediante ausencias injustificadas reiteradas.

La investigación interna precisó que la agente acumuló cuatro faltas en diciembre de 2024, tres en enero de 2025 y ocho en febrero. La irregularidad se profundizó en marzo de 2025, mes en el que solo se presentó a trabajar dos días, extendiendo la inasistencia durante todo abril.

Suspensión de haberes y notificación oficial por edictos

Frente al cuadro de inasistencias, el Gobierno provincial aplicó la suspensión preventiva del pago de haberes en abril de 2025, momento desde el cual la trabajadora no volvió a prestar servicios en la repartición.

Los instructores del caso concluyeron que las faltas superan ampliamente los topes legales para la baja del empleo público. Al no poder ubicarla en su domicilio informado, el Ministerio notificará el proceso mediante edictos oficiales para concretar formalmente la desvinculación estatal.