La reciente actualización tarifaria para el servicio de taxis y remises en Mendoza abrió un inesperado frente de debate entre el Poder Ejecutivo y las cámaras empresarias que nuclean a los propietarios de los vehículos. Tras las fuertes quejas públicas expresadas por la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (APROTAM) y la Cámara Empresaria del Taxímetro y Afines (CETAX) por considerar excesivo el incremento otorgado, la Subsecretaría de Transporte de la provincia salió a defender la legalidad de la medida. Desde el área gubernamental aclararon de forma tajante que el aumento del 25,22% no responde a una decisión arbitraria de carácter político ni a un tire y afloje con los permisionarios, sino que es el resultado directo de la rigurosa fórmula matemática aplicada por el Ente de la Movilidad Provincial (EMoP).

La rigidez del estudio de costos frente a las quejas

La polémica se encendió porque las cámaras del sector habían solicitado formalmente una recomposición de los ingresos que no superara el 20%, con la intención de evitar un golpe brusco sobre el bolsillo de los pasajeros que terminara desplomando la demanda del servicio. Sin embargo, las autoridades provinciales recordaron que una vez que los prestadores solicitan formalmente la revisión del cuadro de precios, el procedimiento queda atado a los parámetros técnicos vigentes.

El estudio de costos que realiza el EMoP analiza de manera automática la evolución real de variables clave como el precio de los combustibles, las paritarias salariales, el valor de los repuestos y el mantenimiento de las unidades, determinando que la devaluación de estas variables arrojó un desfasaje técnico del 25% que no puede ser alterado de forma discrecional por una decisión administrativa del Gobierno.

Descuentos y promociones para cuidar el bolsillo

Ante el argumento de las entidades empresarias sobre el peligro de perder clientes debido al impacto de la suba en el presupuesto de los mendocinos, el Ejecutivo provincial ensayó una respuesta sumamente práctica. Los funcionarios recordaron que el valor fijado en la resolución de la Subsecretaría de Transporte constituye un precio de techo, es decir, representa una tarifa máxima permitida pero no obligatoria. De esta manera, el Gobierno remarcó que los titulares de las licencias tienen la plena facultad legal de cobrar importes inferiores y de aplicar bonificaciones o beneficios personalizados para fidelizar a sus pasajeros si consideran que el nuevo cuadro atenta contra la actividad diaria.

Esta herramienta comercial para amortiguar el impacto no es una novedad de este llamado a paritarias, sino que se encuentra plenamente vigente bajo la Resolución 1244 de la Subsecretaría de Transporte. La norma autoriza expresamente a los permisionarios a implementar promociones especiales y descuentos sobre el reloj del taxímetro de forma totalmente legal y regulada. Bajo esta línea de defensa, el Ejecutivo provincial dio por cerrado el debate administrativo, sosteniendo que aquellos empresarios que consideren elevado el nuevo cuadro tarifario ya cuentan con los mecanismos necesarios para salir a ofrecer viajes a tarifas más competitivas de manera directa en las calles mendocinas.