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Mendoza
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Diego Silvestre, designado al frente del Consejo de Minería, fue sorprendido en un operativo con más de cuatro veces de lo permitido en sangre. El antecedente de otros casos políticos que sacudieron a Guaymallén, Tunuyán y San Rafael.
Un nuevo escándalo vial sacude al arco político mendocino y forzó la salida de un funcionario que acababa de ser promovido. Se trata del abogado Diego Silvestre, quien recientemente había sido designado por el gobernador Alfredo Cornejo como titular del Consejo de Minería de la provincia. Durante un control de rutina realizado el pasado domingo, los agentes de tránsito detectaron que Silvestre conducía con 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera por más de cuatro veces el límite máximo permitido por la ley provincial.
Para colmo de males, el operativo vial sumó otras irregularidades graves: las autoridades constataron que el funcionario circulaba sin licencia de conducir, sin el seguro obligatorio y sin la cédula de identificación del vehículo. Tras el test positivo, Silvestre quedó inmediatamente detenido y recuperó la libertad 48 horas después. Al tomar estado público el episodio, el abogado presentó su renuncia indeclinable al cargo de coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael, función que desempeñaba en paralelo a su llegada al organismo minero.
Antes de este traspié que truncó su carrera en el Ejecutivo, Silvestre venía mostrando un perfil técnico activo en el sur mendocino, donde se había desempeñado como asesor del bloque oficialista en el Concejo Deliberante de San Rafael. Su caso se suma a una lista de episodios similares protagonizados por dirigentes locales que terminaron en la justicia. Entre los antecedentes más recordados figura el de Miqueas Burgoa, exconcejal de Guaymallén, quien fue detenido tras ser descubierto manejando con 1,25 gramos de alcohol en sangre e intentó usar su cargo político para eludir las sanciones correspondientes.
La lista de funcionarios mendocinos que quedaron en el ojo de la tormenta por manejar alcoholizados sumó varios nombres durante el último año. Uno de los episodios más ruidosos de 2025 involucró a Jorge Teves, extitular del Ente de Movilidad Provincial (EMOP), quien fue demorado en Godoy Cruz al volante de un auto oficial de la flota del Estado con más de un gramo de alcohol en sangre. Tras el test, Teves recibió una multa de 2 millones de pesos, quedó inhabilitado para conducir por cinco meses, se le ordenó realizar tareas comunitarias junto a familiares de víctimas de tránsito y terminó presentando la renuncia un día después.
Las comunas del Valle de Uco y del sur provincial tampoco escaparon a este tipo de controversias institucionales. En octubre pasado, el entonces director de Prensa de la Municipalidad de Tunuyán, Cristian Ochoa, protagonizó un choque contra otro vehículo en la vía pública. Al realizarse el peritaje correspondiente, el control de alcoholemia de Ochoa arrojó 1,42 gramos de alcohol, un resultado que aceleró su salida inmediata del gabinete municipal ante la fuerte presión social y mediática que generó el siniestro.
La Secretaría de Transporte mendocina confirmó que las últimas unidades saldrán desde las terminales antes del encuentro clave de la Albiceleste. Los detalles del corte nocturno, las alternativas de consulta y el regreso a la normalidad.
La última referencia de este historial de conductas imprudentes salpicó al Concejo Deliberante de San Rafael con el caso de Martín Antolín. El edil, perteneciente a las filas del Partido Libertario, fue aprehendido durante un control vial en pleno corazón nocturno de la Ciudad de Mendoza, sobre la calle Arístides Villanueva. En esa oportunidad, los inspectores de tránsito le retuvieron el vehículo, un lujoso BMW Z4, sumando un eslabón más a una problemática que cruza a los diferentes partidos políticos y que vuelve a poner en debate las exigencias de conducta para los funcionarios públicos.
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