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Mendoza
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Dos magistrados resolvieron apartarse de la causa contra Marcelo D"Agostino, mientras la querella impulsó nuevos cuestionamientos sobre la integración del tribunal.
La causa penal que involucra al exsubsecretario de Justicia Marcelo D"Agostino sumó nuevos capítulos y continúa sin una resolución de fondo. En las últimas horas, dos magistrados resolvieron apartarse voluntariamente del expediente, en medio de cuestionamientos sobre la integración del tribunal.
Las inhibiciones se suman a la presentada días atrás por la jueza María Belén Salido y profundizan el debate sobre la necesidad de garantizar no solo la imparcialidad efectiva de los jueces, sino también la confianza pública en la apariencia de neutralidad del proceso.
La presentación más reciente fue impulsada por la querella, que solicitó el apartamiento de la jueza Eleonora Arenas. La abogada María Elena Quintero sostuvo que la magistrada debía intervenir en la recusación promovida contra la conjueza María Jimena Pina González.
Según el planteo, Pina González habría respaldado formalmente ante el Senado provincial la postulación de Arenas para ocupar un cargo en el Tribunal Penal Colegiado. Además, la conjueza habría intervenido como defensora particular de Arenas en una causa penal anterior.
Para la querella, esos antecedentes evidenciarían una relación de confianza personal incompatible con la participación de Arenas en decisiones vinculadas al caso.
El escrito hizo hincapié en las causales de amistad íntima y de circunstancias graves que podrían afectar la imparcialidad, previstas en el Código Procesal Penal de Mendoza. También advirtió que esos antecedentes no habrían sido informados oportunamente a las partes.
"La omisión afecta la apariencia de neutralidad que debe exhibir todo órgano jurisdiccional", sostuvo Quintero.
Mientras el incidente comenzaba a tramitarse, la jueza Eleonora Arenas resolvió apartarse de la causa. En su resolución, negó tener un vínculo con D"Agostino que exceda el plano estrictamente profesional y recordó que en oportunidades anteriores ya había rechazado cuestionamientos similares.
Sin embargo, explicó que la exposición pública y mediática del expediente generó un escenario susceptible de afectar la confianza ciudadana en la imparcialidad del proceso.
Aunque manifestó sentirse plenamente capacitada para actuar con independencia y objetividad, consideró que la preservación de la transparencia institucional justificaba su apartamiento.
"La presente decisión se adopta exclusivamente en resguardo del buen servicio de justicia, de la transparencia institucional y de la dignidad de la función judicial", sostuvo.
La situación se suma a la inhibición presentada por el juez Diego Lusverti, integrante del Tribunal Penal Colegiado N°1 de la Primera Circunscripción Judicial.
El magistrado explicó que decidió apartarse porque su posición como tercero imparcial podía verse comprometida por distintas circunstancias vinculadas al desarrollo del expediente.
Entre los fundamentos mencionó haber sido ofrecido como testigo por la defensa de D"Agostino en un incidente previo, haber promovido junto a otros magistrados una denuncia administrativa relacionada con la filtración de mensajes internos del tribunal y ser uno de los jueces afectados por esa situación.
Lusverti sostuvo que esos elementos configuran una situación de "violencia moral", causal de inhibición contemplada por el Código Procesal Penal.
Además, advirtió sobre el riesgo de que la sucesión de recusaciones, testimonios e incidentes procesales continúe demorando la definición del expediente.
Marcelo D"Agostino fue imputado en abril por tenencia ilegal de arma de guerra y coacciones en un contexto de violencia de género. El delito más grave denunciado es el de abuso sexual, aunque hasta el momento la fiscalía no avanzó con una imputación formal por ese hecho.
La denuncia original consta de un documento de 40 páginas, en el que la mujer describe una serie de episodios que, según su relato, fueron escalando en violencia con el paso del tiempo.
El escrito incluye acusaciones por agresiones físicas, abuso sexual, amenazas y presunto uso intimidatorio del poder institucional.
La denunciante afirmó que la situación comenzó con violencia psicológica, control constante de sus actividades, exigencia de acceso a su teléfono celular y redes sociales, y pedidos para enviar su ubicación en tiempo real.
También relató episodios de humillación y castigo, como haber sido expulsada del domicilio durante la madrugada y quedar sola en la vía pública dentro de un barrio privado de Las Heras.
Además, mencionó hechos de violencia material, como la destrucción de su teléfono celular, y situaciones en las que D"Agostino le habría exigido grabaciones de audio con supuestas confesiones que luego podrían ser utilizadas en su contra.
