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Iberte y EVISA solicitaron que la causa contra autoridades y exdirectivos de Fecovita sea elevada a juicio. Denuncian una presunta estafa por US$31,7 millones y una doble venta de mercadería.
La disputa judicial que atraviesa al sector vitivinícola mendocino sumó un nuevo capítulo. Las firmas Iberte y EVISA solicitaron a la Fiscalía de Delitos Económicos la clausura de la investigación penal preparatoria y la elevación a juicio de la causa contra autoridades y exdirectivos de Fecovita.
En el expediente están imputados Rubén Panella, Jorge Irañeta y Juan Ángel Rodríguez, actuales directivos de la federación de cooperativas, además de Eduardo Sancho, expresidente de la entidad.
La presentación de las querellas sostiene que los acusados habrían desplegado una maniobra destinada a captar 31,7 millones de dólares aportados por Iberte para capitalizar EVISA. Según el planteo, el esquema se habría apoyado en una serie de engaños planificados que permitieron concretar el desembolso y luego desconocer compromisos asumidos dentro de la sociedad creada entre las partes.
Uno de los ejes centrales de la presentación es la hipótesis de un "doble relato". De acuerdo con el escrito, el proyecto habría sido presentado ante el Consejo de Administración y los cooperativistas de Fecovita como una oportunidad comercial con financiación a tasa cero, acceso a mercados internacionales y salida para grandes volúmenes de vino y mosto.
Al mismo tiempo, según la querella, a los inversores extranjeros se les habría ofrecido una estructura exportadora blindada, con activos específicos, despacho asegurado de productos y cláusulas contractuales de salida.
Para Iberte y EVISA, esa diferencia resulta determinante. Sostienen que sin la aprobación interna de Fecovita la operación no habría podido avanzar y que, a la vez, Iberte no habría realizado los aportes millonarios sin las garantías que afirma haber recibido.
"Lo que se explicó a la Fiscalía es muy simple: al Consejo se le presentó EVISA como financiación gratuita y expansión comercial; a Iberte se le presentó como una sociedad operativa, con activos, producto mensual, administración y salida contractual garantizada. Sobre esa base, Iberte aportó más de 31 millones de dólares. Una vez obtenido ese capital, Fecovita no integró los activos prometidos, no entregó el producto mensual, no canalizó el negocio por EVISA y no atendió la opción irrevocable de venta", señaló Carlos Aguinaga, abogado de Iberte y EVISA.
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El punto más novedoso del planteo judicial gira en torno a una presunta doble venta de mercadería. Según la reconstrucción de las denunciantes, una parte sustancial del dinero aportado se habría utilizado para cancelar compras de vino y mosto originalmente reservados para EVISA.
Sin embargo, esos cargamentos nunca habrían llegado a los depósitos de la firma compartida. De acuerdo con la presentación, terminaron en manos de clientes del exterior bajo nuevos contratos.
La querella sostiene que Fecovita habría intentado cobrar dos veces por el mismo stock: primero, mediante los recursos aportados por sus socios; y luego, a través del ingreso de divisas por exportaciones paralelas.
En ese marco, el escrito menciona un acuerdo firmado el 13 de octubre de 2022 que, según la interpretación de Iberte y EVISA, dejó reconocida una deuda de 17,4 millones de litros de vino y 6.610 toneladas de mosto pendientes de entrega.
La presentación también expone una serie de alertas que, según las denunciantes, se habrían encendido dentro de Fecovita. Técnicos del organismo habrían advertido formalmente sobre la disponibilidad real de aproximadamente 28 millones de litros anuales.
Para Iberte, ese dato resulta clave porque demostraría que las autoridades conocían el riesgo de incumplimiento antes de avanzar con la captación del capital externo.
"Si el producto mensual era la base operativa de EVISA y dentro de Fecovita ya se advertía la incertidumbre sobre los volúmenes, continuar captando capital externo sin aclararlo no fue un error de gestión: fue un elemento central del ardid inicial", explicó Aguinaga.
La querella diferencia además dos obligaciones que, a su entender, fueron incumplidas. La primera está vinculada al compromiso de aportar producto de manera periódica para el funcionamiento de EVISA. La segunda, con la entrega de mercadería que, según sostiene, ya había sido abonada con fondos aportados por Iberte.
Junto con el pedido de elevación a juicio, Iberte y EVISA solicitaron medidas cautelares sobre los imputados y sobre documentación relacionada con la operatoria investigada. Entre los requerimientos figuran inhibiciones generales de bienes, embargos preventivos, prohibiciones de salida del país y restricciones para transferir activos vinculados a las sociedades involucradas.
También pidieron la designación de un veedor o interventor judicial para preservar documentación societaria, contable, bancaria, contractual y aduanera, además de registros vinculados con la trazabilidad de fondos y mercadería.
El escrito recuerda que exautoridades y síndicos de Fecovita ya enfrentan otros procesos en tribunales locales por el presunto falseamiento de los balances anuales de 2021, 2022 y 2023, expedientes que ya fueron elevados a juicio. A eso se suma una denuncia reciente por las actas contables de 2024.
Para la querella, todas esas causas estarían vinculadas por un mismo hilo conductor: la presunta adulteración de libros oficiales para ocultar deudas millonarias y pasivos generados por el conflicto con Iberte.
Ahora, la Fiscalía de Delitos Económicos deberá analizar las pruebas reunidas y resolver si considera concluida la etapa de instrucción para avanzar hacia el juicio oral solicitado por las empresas denunciantes.
