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Mendoza
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El Ejecutivo provincial rechazó el recurso presentado por un comisario retirado que buscaba mantener un adicional por título universitario. La gestión considera que el beneficio otorgado en 2012 fue irregular.
El Gobierno de Mendoza rechazó el reclamo de un comisario retirado que buscaba mantener el cobro de un adicional salarial por un título universitario.
La decisión fue formalizada mediante un decreto del Ejecutivo provincial, que desestimó el recurso presentado por el efectivo retirado en el marco de una disputa administrativa iniciada por la quita del beneficio.
La controversia comenzó cuando el Ministerio de Seguridad y Justicia declaró "lesivo a los intereses públicos" un beneficio otorgado en 2012.
Ese año, una resolución autorizó el pago de un adicional salarial al comisario por contar con el título de Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas.
Sin embargo, auditorías posteriores determinaron que aquella resolución habría sido dictada con exceso de atribuciones y con fallas consideradas graves por la actual gestión provincial.
Según el criterio del Gobierno, esas irregularidades contradicen la normativa vigente y justifican la revisión del beneficio.
Delincuentes atacaron las oficinas de Medicus durante la madrugada de este lunes. Rompieron el frente del edificio y escaparon con equipos informáticos. No hubo detenidos.
Frente a la suspensión del adicional, el comisario retirado presentó un recurso jerárquico para intentar revertir la medida.
En su planteo, sostuvo que el pago del título estaba firme desde hacía más de una década y cuestionó que el Estado revisara el acto administrativo después de tanto tiempo.
También argumentó que la propia institución policial había reconocido previamente la equivalencia de su carrera universitaria con los requisitos exigidos por la fuerza.
La Asesoría de Gobierno intervino en el expediente y recomendó rechazar la presentación por una cuestión formal.
El organismo explicó que la resolución que declaró lesivo el beneficio no produce efectos jurídicos directos ni definitivos, sino que funciona como un paso previo para una eventual demanda judicial.
De todos modos, también desaconsejó iniciar una acción judicial contra el policía retirado debido al tiempo transcurrido, ya que los plazos legales para reclamar la devolución del dinero estarían prescriptos.
Finalmente, el decreto ratificó que el planteo del efectivo es improcedente y cerró la vía administrativa dentro del Ejecutivo provincial.
La norma también aclara que la decisión no puede ser apelada ante la Suprema Corte de Mendoza mediante una acción procesal administrativa.
