El Gobierno de Mendoza iniciará una acción judicial contra un ex policía con el objetivo de anular el pago de una indemnización por incapacidad que fue otorgada por error administrativo.

La medida fue oficializada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, en el que se instruye a la Asesoría de Gobierno a avanzar con la demanda contra Marcelo Sebastián Calderón Lencinas, ex integrante de la fuerza policial.

El caso se originó a partir de una serie de resoluciones contradictorias dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia, que primero rechazó el beneficio y luego lo aprobó tras un recurso administrativo.

Cómo se originó el conflicto

En una primera instancia, el Ministerio había desestimado el pedido de indemnización presentado por el ex efectivo. Sin embargo, tras un recurso de revocatoria, la misma cartera terminó reconociendo su derecho al cobro.

La situación cambió cuando la Contaduría General de la Provincia y la Asesoría de Gobierno analizaron el expediente y detectaron inconsistencias en el otorgamiento del beneficio.

Según los organismos de control, la incapacidad alegada por el ex policía no encuadraba dentro de los supuestos legales previstos, lo que puso en duda la validez de la resolución que autorizó el pago.

Por qué interviene la Justicia

Tras la revisión del caso, las autoridades concluyeron que la resolución favorable presentaba un "vicio grave o grosero", al considerarla incompatible con el marco normativo vigente y perjudicial para las arcas públicas.

No obstante, al tratarse de un acto administrativo que ya generó derechos adquiridos, el Gobierno no puede revocarlo de manera unilateral.

Por este motivo, se resolvió avanzar con una demanda judicial para que sea la Justicia la que determine la validez del beneficio y eventualmente deje sin efecto la indemnización otorgada.

El caso ahora quedará en manos de los tribunales, que deberán analizar la legalidad del proceso y definir si corresponde o no anular el pago realizado.