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Mendoza
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La Justicia mendocina recortó de manera drástica una indemnización contra el Estado provincial por los daños de un aluvión: pasó de $1.200 millones a $152 millones.
Un fallo judicial en la provincia de Mendoza generó fuerte repercusión por la magnitud del recorte aplicado a una indemnización contra el Estado, en el marco de un juicio por los daños causados por un aluvión.
El monto reclamado originalmente ascendía a $1.200 millones, pero tras la revisión del caso, la Justicia fijó una indemnización final de $152 millones, lo que implica una reducción superior a los $1.000 millones.
La demanda se inició a partir de los daños provocados por un aluvión que afectó viviendas y propiedades, generando importantes pérdidas materiales.
Los demandantes responsabilizaron al Estado provincial por presuntas fallas en la planificación, prevención y ejecución de obras destinadas a mitigar este tipo de fenómenos.
En ese sentido, argumentaron que existieron omisiones que agravaron las consecuencias del evento climático.
Al revisar el caso, el tribunal consideró que la cifra inicial del reclamo resultaba desproporcionada en relación con los daños efectivamente acreditados.
La magnitud real de los perjuicios comprobados
Los criterios utilizados para calcular la indemnización
El grado de responsabilidad atribuible al Estado
La relación entre el evento climático y los daños denunciados
A partir de ese análisis, se resolvió ajustar el monto a parámetros considerados razonables.
El fallo estableció una indemnización final de $152 millones, muy por debajo de lo que se había reclamado inicialmente.
La resolución apunta a fijar un resarcimiento acorde a los daños probados, evitando cifras que el tribunal consideró excesivas.
La reducción del monto representa un alivio significativo para las finanzas de la provincia.
De haberse mantenido la cifra original, el Estado mendocino habría enfrentado una erogación considerablemente mayor, con impacto directo en el presupuesto.
En el contexto económico actual, este tipo de resoluciones adquiere especial relevancia para la administración de los recursos públicos.
El fallo podría influir en otras causas similares vinculadas a responsabilidades del Estado frente a fenómenos climáticos.
También pone el foco en los criterios que utiliza la Justicia para determinar indemnizaciones en este tipo de litigios, especialmente en casos donde intervienen factores naturales.
