La Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza dio un paso significativo hacia la actualización de la normativa que regula el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas policiales. En una sesión reciente, los legisladores aprobaron un proyecto con modificaciones clave que ahora vuelve a comisión para su tratamiento definitivo.

El principal objetivo de los cambios es establecer criterios más precisos y transparentes sobre cuándo y cómo pueden utilizarse armas por parte de efectivos de la fuerza, buscando evitar abusos, mejorar la capacitación y proteger tanto a los agentes como a la ciudadanía.

Ajustes en el uso legítimo de la fuerza

Entre los aspectos centrales de la iniciativa se encuentra la aclaración de las circunstancias en las que se permite el uso de la fuerza letal, con énfasis en la proporcionalidad y la necesidad de que el accionar se limite a casos extremos en los que no existan alternativas viables de disuasión o contención.

También se propone fortalecer los mecanismos de registro y supervisión cada vez que un policía emplea su arma de fuego en el ejercicio de sus funciones, con el objetivo de garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad y las autoridades de control.

Los diputados que respaldaron la reforma destacaron que estos cambios son parte de un esfuerzo más amplio por modernizar las normativas de seguridad pública en la provincia, integrando estándares internacionales sobre derechos humanos y protocolos de intervención policial.

La iniciativa ahora regresará a comisión para terminar de definirse antes de ser sometida a votación final en la Legislatura. Los legisladores que expresaron objeciones plantearon la necesidad de apreciar con cuidado cómo se implementarán los criterios de proporcionalidad para equilibrar la seguridad ciudadana con las garantías individuales de las personas.

En el debate también surgieron recomendaciones sobre la formación continua y capacitación especializada para los agentes, de manera que el uso legítimo de armas de fuego esté acompañado de procedimientos claros, recursos no letales y protocolos de evaluación posteriores a cada intervención.