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Mendoza
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El TOF 2 realizará hoy la audiencia de cesura en el juicio contra Walter Bento para definir las penas a los 18 imputados que fueron declarados culpables.
El veredicto ya está. El exjuez federal Walter Bento fue declarado culpable por delitos vinculados a asociación ilícita, cohecho y lavado de activos en una causa que marcó un hito judicial en Mendoza. Sin embargo, la parte más determinante del proceso aún no se resolvió: la pena de prisión que deberá cumplir.
Tras el fallo de culpabilidad, el proceso ingresa ahora en una etapa técnica conocida como juicio de cesura. En esta instancia, el tribunal escucha los argumentos de la fiscalía y la defensa para definir la cantidad de años de cárcel que corresponde aplicar en función de los delitos acreditados y sus agravantes.
No se trata de un trámite formal. Es el momento en el que se pondera la gravedad de los hechos, el rol de Bento dentro de la organización y la acumulación de figuras penales por las que fue condenado.
Aunque todavía no existe un pedido formal de años de prisión por parte del Ministerio Público, fuentes judiciales y especialistas coinciden en que la eventual condena podría ubicarse en un rango que supera la década de prisión.
Esto se debe a que las figuras penales por las que fue hallado culpable -entre ellas asociación ilícita en calidad de jefe, cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito- contemplan penas altas que, combinadas, podrían derivar en una condena estimada entre 12 y 15 años de cárcel, según análisis preliminares.
Desde noviembre de 2023, y tras perder sus fueros como magistrado, Bento se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Cacheuta, donde permanece a la espera de la definición de su condena.
La audiencia de cesura será el escenario donde la fiscalía expondrá su pedido concreto de pena, la defensa intentará atenuarlo y finalmente el tribunal dictará la sentencia definitiva.
El caso Bento es considerado uno de los procesos judiciales más relevantes en la historia reciente de la Justicia federal en Mendoza, no sólo por la gravedad de los delitos probados, sino por tratarse de un magistrado acusado de liderar una red de corrupción desde su propio cargo.
La definición de la pena marcará el cierre de una etapa central del juicio y sentará un precedente sobre las consecuencias penales para funcionarios judiciales involucrados en delitos de corrupción.
