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Mendoza
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En Mendoza, el desarrollo de la minería estatal se ha dado con un entramado propio entre empresas públicas, bienes heredados, participación privada y controversias por la gestión de recursos y activos, según documentos y análisis sobre el modelo aplicado en la provincia.
Las políticas mineras mendocinas impulsadas durante los últimos años combinan la gestión de empresas estatales con vínculos en el sector privado y el uso de bienes sin siempre una supervisión clara, creando un modelo que algunos definen como "sui generis", entre beneficios y cuestionamientos.
El eje de la minería estatal en la provincia fue la empresa Potasio Río Colorado, creada a partir de la transferencia de activos y permisos tras el abandono del proyecto original por parte de la compañía Vale en 2020.
Esa transferencia incluyó no solo instalaciones, maquinaria y yacimiento, sino también bienes de alto valor económico que quedaron bajo control estatal. Entre ellos se cuentan vehículos, equipos de perforación y otros activos operativos que pasaron a ser administrados directamente por la nueva estructura pública.
Con el paso del tiempo, los bienes del proyecto no quedaron estáticos: parte de ellos fue cedida por fuera de estrictos procesos públicos, como un equipo de perforación entregado a otra empresa sin contraprestación económica clara, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de recursos estatales.
La empresa Potasio Río Colorado fue reemplazada en funciones por Impulsa Mendoza, que heredó tanto los activos como las responsabilidades operativas del sector minero provincial.
Impulsa Mendoza, bajo la conducción de funcionarios políticos en su directorio, se convirtió en el principal instrumento del Estado para gestionar proyectos, apoyo a exploraciones y la participación directa en joint ventures con empresas privadas relacionadas con el negocio minero.
Este formato estatal-privado permite que la provincia participe en distintas iniciativas, pero también multiplica los interrogantes sobre control, transparencia y equidad en la administración de recursos naturales.
Un caso destacado dentro de este esquema es el de la empresa Apeleg S.A., vinculada a exdirectivos de la propia estructura estatal, que se posicionó como principal beneficiaria de proyectos dentro del Distrito Minero Malargüe Occidental (MDMO) tras recibir acceso a estudios y facilidades que fueron financiados con recursos públicos.
De forma similar, la firma Agaucu también sobresale como uno de los actores con fuerte presencia en el área, con inversiones y posición dominante en varias concesiones mineras.
El impulso estatal también ha servido de plataforma para atraer inversiones y financiamiento privado en la provincia. Organismos públicos vienen trabajando para homogeneizar certificaciones y facilitar el acceso a capitales globales a través de mercados como la Bolsa de Valores de Toronto, con el objetivo de consolidar a Mendoza como un hub financiero y logístico para la minería regional.
Ese proceso busca conectar los proyectos locales con inversores internacionales y permitir que el crecimiento de la minería se traduzca en oportunidades económicas más amplias para la región, aunque ese vínculo está en debate entre sectores productivos, ambientalistas y comunidades locales.
La expansión minera estatal en Mendoza se da en un contexto donde la minería, especialmente la de cobre, ha ganado relevancia como posible motor económico del país, tras décadas de inactividad significativa en ese sector.
Sin embargo, la mezcla de bienes estatales, control político, participación de empresas privadas y mecanismos de gestión propios del modelo mendocino genera debate sobre transparencia, planificación y participación ciudadana, temas que seguirán en la agenda política y económica de la provincia en los próximos años.
