Este domingo, el PRO de Mendoza vivirá una jornada prácticamente inédita al definir sus autoridades a través de una competencia interna. Sin acuerdos previos y con múltiples acusaciones cruzadas y denuncias que se vienen arrastrando desde hace meses, la disputa se centrará entre la lista "Amarilla", encabezada por la vicegobernadora Hebe Casado, y "Propuesta Federal", liderada por el senador Gabriel Pradines.

Normalmente, los comicios de los partidos políticos en Mendoza pasan desapercibidos, ya que los dirigentes suelen llegar a consensos que convierten la elección en una mera formalidad. Sin embargo, en esta ocasión, no se alcanzó ningún acuerdo, y se juega mucho más que la definición de la presidencia del partido.

En 2023, Omar De Marchi, líder del espacio que hoy apoya a Pradines, abandonó Cambia Mendoza para formar La Unión Mendocina. Bajo el impulso de Casado y con el respaldo del gobernador Alfredo Cornejo, se solicitó la intervención del PRO, presidido entonces por Álvaro Martínez, otro "demarchista". Esta elección busca regularizar la situación del partido.

En las últimas horas, la lista "Amarilla" emitió un comunicado acusando de "prácticas cuestionables" al sector liderado por Pradines, señalando un "menoscabo de la integridad del proceso electoral". Según el comunicado, "queda claro en la nula transparencia en el manejo de las urnas", denunciando que no se ha contratado un servicio de correo para el traslado y custodia de las urnas y que la Junta Electoral del PRO, controlada por el sector opositor, no ha detallado el lugar de resguardo ni la logística de envío de las mismas.

Asimismo, la lista "Amarilla" denunció la "designación a dedo" de las autoridades de mesa, excluyendo a sus integrantes en escuelas de Luján y otros departamentos, dejando a las autoridades de un solo sector. Han solicitado, además, veedores judiciales para todos los establecimientos incluidos en el proceso electoral.

Estas elecciones no solo definirán la presidencia del PRO, sino también su permanencia en la alianza oficialista, lo que podría tener un impacto a nivel nacional en el fragmentado Juntos por el Cambio. Originalmente, los comicios estaban previstos para el 2 de junio, pero las denuncias de irregularidades llevaron a postergar la fecha, incluso bajando listas en algunos departamentos con la intervención de la Junta Electoral local y la participación de la Justicia Electoral.