El proyecto de ley tiene el objetivo de generar un plan de asistencia preventiva, de contención y seguimiento para aquellos estudiantes que lo requieran. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara Baja.

La diputada Claudia Bassin (UCR) presentó un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Acompañamiento Psicológico Estudiantil de carácter gratuito y personalizado para aquellos alumnos y/o familias que lo demanden durante y posterior a la emergencia sanitaria por la pandemia del SARS-CoV-2. La finalidad del proyecto, según sus fundamentos, es dar asistencia y acompañamiento psicológico a aquellos estudiantes que presenten cambios o alteraciones de conducta, problemas de aprendizaje o que atraviesen situaciones que vulneren su bienestar psicológico y emocional.

“La epidemia nos ha golpeado a todos. El ritmo de la rutina de la gente se ha visto alterado: escuelas cerradas por mucho tiempo, padres trabajando desde casa o de manera inesperada sin trabajo, muchos acatando las órdenes de quedarse en casa y la muerte de un ser querido. A medida que el coronavirus se propaga, las personas, comprensiblemente, están ansiosas. Nuestros niños, niñas y adolescentes también perciben el entorno y se ven afectados como todos nosotros. Existe gran preocupación de cómo puede afectar esta situación a la población infanto-juvenil, ya que este es considerado el grupo más vulnerable. Los niños y adolescentes en etapa escolar pueden mostrarse preocupados por su propia seguridad y la de sus cuidadores; sufren situaciones de soledad; en algunos casos, pérdidas de rutinas y buenos hábitos, es decir, mayor sedentarismo, patrones del sueño irregulares, mayor exposición de las pantallas, depresión y ansiedad. Es necesario acompañarlos y guiarlos”, manifestó la diputada Claudia Bassin.

El proyecto de ley establece que la autoridad de aplicación será la Dirección de Salud Mental dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, en conjunto con la Dirección General de Escuelas. Estos dos organismos deberán generar un protocolo integral de funcionamiento del programa, especificando las competencias de cada órgano involucrado; gestionar una herramienta de atención y consultas para este sector etario de niñez y adolescencia; y sistematizar los datos que surjan de las consultas realizadas para la elaboración de indicadores, garantizando el secreto profesional y la confidencialidad de la información personal.