Según se informó este viernes desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), “por unanimidad los ministros Dalmiro Garay, Pedro Llorente y la jueza de cámara Alejandra Orbelli, “ratificaron las condenas establecidas por el Segundo Tribunal Penal Colegiado por abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores, abuso sexual simple, entre otros delitos, ocurridos en el Instituto religioso”.

De esta forma se confirmó la pena de 45 años de prisión para el sacerdote Horacio Hugo Corbacho Blanck, 42 años de cárcel para el cura Nicola Bruno Corradi Soliman y 18 años para el personal de la institución, Armando Ramón Gómez.

La defensa oficial de los condenados, representada por Alicia Arlotta, había formulado un recurso de casación contra la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Penal Colegiado, pidiendo la nulidad de las acusaciones y, en caso de no hacer lugar, resuelva conforme a una debida valoración de la prueba y una correcta aplicación del derecho sustantivo y adjetivo.

Asimismo, había planteado que “el tribunal se extralimitó en la decisión sobre admisibilidad de prueba, que la decisión se basa en prueba no admitida en la etapa preliminar, que se impidió a la defensa interrogar a la víctima, y que Corradi no fue informado de las pruebas que se produjeron en su contra mientras no estaba presente en la audiencia”, indicaron desde el MPF.

El tribunal, conformado por el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, el ministro Pedro Llorente y la jueza de cámara Alejandra Orbelli, rechazó de plano todos los planteos realizados por la defensa ratificando las condenas contra los dos sacerdotes y el ex jardinero.

En el dictamen, los magistrados acreditaron que el condenado Gómez, “es capaz para responder por la acusación”; y en cuanto a las contradicciones en los testimonios de las víctimas, el tribunal fue contundente al señalar que "la defensa pretende generar un espacio de duda a través del ataque a la declaración de las víctimas, sin considerar que en muchos casos se trataba de menores de edad al momento de declarar, que han denunciado instancias de abuso sexual infantil”.

En el escrito, valoraron que las víctimas “se encuentran en dificultades para expresarse y comunicarse y que han sido atacadas por las personas adultas que ostentaban una clara relación desigual de poder”.

El juicio y las condenas impuestas en noviembre pasado por los abusos sexuales cometidos al menos 27 niños hipoacúsicos en el Instituto Próvolo marcó precedente en el mundo y fue el primero en Mendoza que contó con un intérprete de señas para los testigos, víctimas y el empleado acusado, quien también es sordomudo.

Mientras tanto un segundo juicio aguarda juzgar la participación de las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez por los abusos a menores en el Instituto Próvolo de Mendoza, pero sus abogados pidieron en junio pasado la nulidad de la elevación a juicio oral.

En esta nueva causa, también están acusadas otras siete mujeres, entre ellas la directiva de la institución, informaron fuentes judiciales.