La defensora oficial Alicia Arlotta, que defiende a los curas Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (61), y al jardinero Armando Gómez (51), en el caso Próvolo, culminó un largo alegato que demandó tres audiencias, ya que comenzó su exposición el pasado jueves, cuando solicitó la nulidad de todo lo actuado, o en su defecto pidió la absolución de sus defendidos, y por último si hubiese condena, abogó por la mínima pena.
Sus defendidos están acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores, en 28 casos, contra menores de edad hipoacúsicos del Instituto Antonio Próvolo.
La letrada cuando comenzó su alegato el día jueves, había pedido la nulidad de todo lo actuado, basándose en que se "violó el derecho a la legítima defensa", y usó como argumento que como no hubo "fechas certeras de cuándo se dieron los hechos, no pudo defender correctamente a los imputados".
Luego le pidió al Tribunal que en caso de no hacer lugar a su pedido de máxima, que sus tres defendidos sean absueltos debido a numerosas contradicciones que se fueron ventilando durante el juicio.
Por último, y si hubiese un fallo condenatorio, solicitó la pena mínima para estos casos (de 10 años) basándose en la que le aplicaron al administrativo Jorge Bordón (57), quien hace poco más de un año habría roto un tácito pacto de silencio y reconoció su participación en los 11 hechos de los que se lo acusaba, y en un juicio abreviado fue condenado a una pena de 10 años de prisión, acordada entre su defensa y el fiscal Gustavo Stroppiana.
Oscar Barrera, abogado querellante de cinco víctimas en este caso de abuso sexual, en diálogo con Télam, sostuvo: "Nos han corrido vista de las nulidades presentadas por la defensa. Mañana las partes vamos a contestar esas nulidades, y veremos si se hace lugar al derecho de réplica, si el fiscal lo ejerce, ya que él tiene derecho".
"Entendemos -agregó- que nosotros también lo tenemos, aunque en el nuevo código procesal penal eso está un poco acotado, pero a nivel Constitucional y convencional también lo tenemos, y ejerceremos algunas consideraciones importantes".
"La falta de perspectiva (ejercida por la defensora oficial) es muy grave", apuntó Barrera, y calificó como "absurdas" las peticiones realizadas por Arlotta.
"Estos chicos mientras estuvieron en el Próvolo estuvieron aislados de su cultura", soltó el abogado.
"Si mañana se termina la contestación del incidente de nulidad, que contestamos y se acaba. Y después puede haber réplica, y la dúplica de la defensa, y somos conscientes que las réplicas van a ser generales y acotadas, porque no vamos a hacer un análisis detallado de lo que ya hicimos cuando alegamos, por lo que tendríamos que terminar en el día de mañana, y el Tribunal pasa a deliberar para dictar sentencia, que lo podrían hacer en los próximos días", finalizó Barrera.
El plazo máximo de tres años de las prisiones preventivas vence el próximo martes 26 de noviembre, y se especula en fuentes tribunalicias que la defensora Arlotta extendió sus alegatos, y pidió dichas medidas procesales como un ardid dilatorio para llegar al límite con dichos plazos.
Sin embargo, fuentes judiciales ligadas al juicio, adelantaron que el Tribunal Penal Colegiado N° 2, compuesto por los jueces Carlos Díaz, Aníbal Crivelli, y Mauricio Juan dictaría sentencia el próximo lunes 25, un día antes de que se cumpla dicho plazo.
Corbacho (61) está siendo juzgado por 16 hechos: tres de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante; siete de abuso sexual con acceso carnal; cuatro de abuso sexual simple; uno por abuso sexual gravemente ultrajante; y uno por corrupción de menores.
A Corradi (83) se lo juzga por seis hechos: dos por abuso sexual gravemente ultrajante; uno por abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante; uno por abuso sexual con acceso carnal; y dos por corrupción de menores.
Si bien el octogenario sacerdote italiano cuenta con 10 hechos menos que el cura argentino, su situación judicial se agrava debido a que oficiaba como regente del Próvolo, y era el responsable de la guarda de los menores allí alojados.
Al jardinero Gómez se le achacan seis hechos: uno por abuso sexual simple; uno por abuso sexual gravemente ultrajante; dos por abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante; y dos por corrupción de menores.