El policía Diego Guzmán Zalazar recibió la mañana de este jueves una condena condicional de tres años por la muerte del hincha de Independiente Rivadavia Lucas Carrasco, ocurrido en 2014 durante disturbios en el estadio Bautista Gargantini. El efectivo quedará en libertad, ya que el Tribunal Penal Colegiado Nº 2, compuesto por los jueces María Laura Guajardo y Eduardo Martearena y el conjuez Mauricio Juan, no hicieron lugar al pedido de detención de la querella. Asimismo, se le dictó una inhabilitación de siete años para ejercer su cargo como funcionario público.

Fue un extenso debate el que decidió el futuro del Guzmán, quien se sentó por segunda vez en el banquillo de los acusados -un primer juicio fue suspendido en 2016- el 11 de setiembre del año pasado. A partir de allí, se dieron decenas de audiencias en las que desfilaron testimonios, opiniones de especialistas, integrantes de la Policía de Mendoza y se presentaron diversas pruebas.

Así las cosas, los alegatos tuvieron lugar recién en el viernes 14 de este mes, cuando la fiscalía, representada por Darío Tagua, solicitó 18 de años de prisión para el efectivo. Asimismo, la querella a cargo de los abogados de Xumek Lucas Lecour y Sergio Salinas, pidió la misma pena para Guzmán.

Por su parte, la defensa oficial del policía brindó los argumentos por los que su representado debía ser absuelto de toda culpa.

A casi dos semanas de esa última audiencia, se desarrolló este jueves la sesión definitiva, en la que el tribunal iba a ventilar su veredicto. Antes de eso, se le dio la oportunidad a Guzmán agregar algunas palabras antes de escuchar la sentencia, pero no quiso hablar.

Tras un cuarto intermedio de poco más de una hora, las partes regresaron al recinto y se leyó la sentencia. La misma trajo tranquilidad para el policía, ya que se le dictó una pena menor por el delito de exceso en la legítima defensa que le permitió mantener la libertad con la que había llegado al debate oral y público.

La condena por el delito de exceso en el legítimo ejercicio de su cargo, le permitió mantener la libertad bajo algunas condiciones. Entre ellas, que Guzmán fije residencia en la provincia y dé aviso al Tribunal Penal Colegiado Nº 2 en caso de que, en alguna oportunidad, salga de Mendoza o el país.

Del mismo modo, Guzmán será sometido a un control trimestral, a cargo de la Dirección de Promoción del Liberado.

En tanto, los jueces determinaron que la Policía de Mendoza realice cursos en forma periódica acerca del empleo de la fuerza, las armas y las municiones, tutoriadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo lo expuesto por el 8vo Congreso de las Naciones Unidas celebrado en La Habana, Cuba, en 1990, sobre la prevención del delito y el tratamiento del delincuente.

La fuerza deberá también elaborar un protocolo para el control de disturbios en eventos públicos masivos. Además, realizar un estudio de la cartuchería empleada y analizar el reemplazo de los proyectiles 48.1, por unos más modernos, de menor poder, alcance y peso.

El tribunal también dispuso extraer una compulsa para que se investiguen por falso testimonio a los policías Jesús Ontiveros, Romina Maloini y Mario Jofré, tal como lo había solicitado la querella. 

Al finalizar el debate, la decisión de los jueces provocó malestar en los familiares de Carrasco, especialmente de su hermana, quien expresó su bronca dentro del recinto. Luego, su padre, Daniel Carrasco, habló con la prensa y aseguró que está disconforme con el fallo.