La imposición de diez años adicionales de prisión contra el activista prodemocracia Joshua Wong desató un categórico rechazo diplomático conjunto. Mediante una declaración formal emitida este viernes, una coalición de diez países —integrada por Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Australia, Canadá, Italia, Japón, Países Bajos y Nueva Zelanda— condenó el fallo dictado el jueves, que responsabilizó al dirigente por el cargo de colusión con entidades extranjeras al amparo de la ley de seguridad nacional impuesta en Hong Kong.

Wong permanece privado de su libertad desde 2020, año en el que las autoridades de Beijing establecieron dicha normativa tras una ola de manifestaciones marcadas por episodios de violencia. En su pronunciamiento, las naciones firmantes señalaron que la resolución representa una nueva evidencia de la utilización de esta legislación para perseguir judicialmente la expresión y la participación política de las personas.

Exigencias internacionales y cruces institucionales

Ante esta situación, los diez gobiernos reclamaron el cese inmediato de todas las causas injustas tramitadas bajo este esquema penal. A su vez, exhortaron tanto a las autoridades chinas como a las de Hong Kong a honrar sus compromisos internacionales y a garantizar el resguardo de los derechos y libertades estipulados para la población local en la Declaración Conjunta Sino-Británica.

El escenario abrió además fricciones políticas directas. Frente a los cuestionamientos vertidos por legisladores británicos ante la pena impuesta a Wong, la embajada de Gran Bretaña instó el jueves a respetar la soberanía china y el Estado de derecho en Hong Kong, reclamando evitar cualquier interferencia en los asuntos internos. Por su parte, la embajada de China no brindó una respuesta inmediata al ser consultada sobre la declaración multilateral difundida el viernes.