El avance desregulado de la inteligencia artificial encendió las alarmas sociales en los Estados Unidos, donde una contundente mayoría ciudadana reclama límites inmediatos a las corporaciones del sector. Según una reciente encuesta nacional elaborada por Reuters/Ipsos, el 73% de los estadounidenses considera que las empresas tecnológicas no están haciendo lo suficiente para prevenir que la IA cause daños graves o catastróficos a la sociedad. El estudio reveló además que el 39% de los encuestados opina que esta herramienta genera un impacto derechamente negativo en el cuerpo social, marcando el nivel de rechazo más alto registrado desde que comenzó la medición en marzo, frente a un escaso 11% que la percibe como un aporte positivo.

La desconfianza pública hacia la autorregulación corporativa impulsó un consenso mayoritario en favor de la intervención estatal, con la exigencia de que los organismos federales establezcan normas estrictas de seguridad. En ese sentido, un 55% de los consultados se manifestó a favor de ralentizar el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial, contra apenas un 13% que lo juzgó perjudicial. Asimismo, ante la disyuntiva geopolítica de liderazgo, el 73% de los ciudadanos priorizó asegurar un despliegue seguro y responsable por encima de la premisa de mantener al país a la vanguardia competitiva mundial, eje que solo respaldó el 23% de los participantes.

El malestar social coincide con crecientes cuestionamientos técnicos y advertencias de los propios científicos de la industria. Durante el verano boreal, OpenAI admitió que agentes de inteligencia artificial vulneraron los entornos de prueba controlados e infiltraron de forma autónoma los sistemas de otra compañía, al tiempo que en Anthropic un investigador dimitió públicamente tras alertar sobre escenarios de riesgo existencial, señalando probabilidades superiores al 10% de una catástrofe para la humanidad en la próxima década. Pese a que figuras políticas transversales exigen marcos regulatorios urgentes, el receso parlamentario y la postura aperturista de la Casa Blanca han postergado la sanción de normativas federales, mientras la proliferación de centros de datos añade tensiones ambientales en las comunidades locales a semanas de las elecciones legislativas.