· Domingo1 de febrero de 2026 · · 15°C
· Domingo1 de febrero de 2026 · · 15°C
La iniciativa contempla procesar 40 toneladas diarias de mineral durante 20 años en Malargüe. La materia prima se destinará a fungicidas y sulfato de cobre para la vitivinicultura mendocina bajo estrictos controles ambientales.
ultimas noticias
El Poder Ejecutivo de Mendoza remitió a la Legislatura provincial la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero Cobre San Romeleo, ubicado en el departamento de Malargüe. La medida se concretó luego de que la Autoridad Ambiental Minera aprobara los requerimientos técnicos y ambientales para la fase de explotación metalífera, dando cumplimiento a las instancias de evaluación científica, técnica y de audiencia pública. La iniciativa, que prevé una inversión inicial estimada en 3 millones de dólares, deberá obtener la correspondiente ratificación de ambas cámaras legislativas para iniciar sus labores operativas en el sur provincial.
El yacimiento se sitúa en el Puesto Aguas de Isaac, dentro de la Quebrada de San Romeleo en el distrito Río Barrancas, a unos 160 kilómetros al sur de la villa cabecera malargüina. La titularidad pertenece a la firma Labsa SA con operación técnica a cargo de Arex Mining SA. El plan contempla una explotación a pequeña escala para procesar 40 toneladas de mineral por día sobre reservas calculadas en 257.000 toneladas, con una ley media de 1,29% de cobre y un horizonte productivo proyectado a 20 años. La producción se orientará a la obtención de insumos base para sulfato de cobre y fungicidas agrícolas, insumos estratégicos directamente ligados a los tratamientos sanitarios de la vitivinicultura y las producciones orgánicas de la región.
En términos operativos y de sustentabilidad, el método de beneficio adoptará un sistema de procesamiento mediante disolución amoniacal en circuito cerrado, diseñado para capturar, condensar y reutilizar los vapores y la solución lixiviante, minimizando efluentes y consumo de reactivos. La DIA impone a las empresas la realización de una Línea de Base Ambiental previa, la constitución de pólizas de seguro de caución ambiental y la tramitación de permisos formales de uso ante el Departamento General de Irrigación. Asimismo, el proyecto estará sujeto a monitoreos permanentes sobre aguas superficiales y subterráneas, control de calidad del aire y suelo, y fiscalizaciones continuas a cargo de la Policía Ambiental Minera, complementado con un plan de cierre y monitoreo posterior por un plazo mínimo de cinco años.
