La política de control migratorio de la Unión Europea acaba de chocar contra una severa advertencia del principal organismo de control de los derechos humanos del continente. El Consejo de Europa, una organización de 46 naciones ajena al bloque de la UE, instó oficialmente a cinco gobiernos de la región a garantizar de manera absoluta el cumplimiento de los tratados internacionales de protección para los solicitantes de asilo rechazados. Las cartas enviadas por el comisionado de derechos humanos del organismo, Michael O"Flaherty, apuntan al corazón del polémico proyecto para implementar "centros de retorno" en terceros países fuera del territorio comunitario, advirtiendo que este tipo de traslados forzosos de extranjeros acarrea riesgos considerables de abusos, malos tratos y detenciones completamente arbitrarias.

La advertencia del organismo europeo tiene como destinatarios directos a las administraciones de Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y los Países Bajos, naciones que lideran los esfuerzos para externalizar los procesos de deportación tras el reciente aval del Parlamento Europeo a la reforma de la política de asilo. Ante la inminencia de estos planes, O"Flaherty propuso la aplicación de cuatro límites legales estrictos o "barreras de seguridad" para evitar violaciones a las libertades fundamentales. Estas pautas exigen que antes de realizar cualquier traslado se realice una evaluación de impacto humanitario integral, que las misiones estén sujetas a monitoreos independientes, que se firmen acuerdos legalmente vinculantes con salvaguardas exigibles y que las operaciones permanezcan bajo el riguroso escrutinio judicial, parlamentario y de la opinión pública.

El bloque de los cinco países apercibidos trabaja a paso firme para estructurar una red de centros de tránsito y deportación conjunta donde albergar a los migrantes que carecen de autorización legal para permanecer en suelo de la Unión Europea. La administración de los Países Bajos, que declaró encontrarse en medio de una severa crisis de asilo bajo la gestión del primer ministro Rob Jetten, expresó su voluntad política de alcanzar avances operativos concretos antes de que finalice el año. Esta postura de mano dura sintoniza con una carta conjunta que enviaron diecinueve estados miembros a la Comisión Europea para reclamar apoyo financiero en la construcción de estos centros de detención en el extranjero, un giro restrictivo que refleja el crecimiento sostenido de las fuerzas de extrema derecha y del sentimiento antiinmigración en todo el continente durante la última década.