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La Cancillería mexicana anunció que recurrirá de forma directa a las fiscalías estatales de Estados Unidos. El detonante del caso de Lorenzo Salgado, las cartas de "cese y desistimiento" a los penales privados y el apoyo clave de la ONU y la CIDH.
Las relaciones diplomáticas en América del Norte acaban de entrar en un terreno de máxima fricción legal. El Gobierno de México anunció formalmente que abandonará la vía exclusiva de las quejas burocráticas y activará una serie de acciones penales y civiles sin precedentes dentro de los Estados Unidos. La drástica decisión busca proteger de forma directa los derechos humanos de sus ciudadanos tras confirmarse el fallecimiento de Lorenzo Salgado Araujo y otros 16 inmigrantes mexicanos bajo situaciones de extrema violencia institucional durante el segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca.
El detonante que colmó la paciencia del Palacio Nacional ocurrió esta semana durante un control de tránsito en una ruta estadounidense. Salgado Araujo, un hombre de 52 años que residía en el país norteamericano desde hacía tres décadas, fue abordado por camionetas sin identificación oficial pertenecientes al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Según la versión de las patrullas fronterizas, el conductor se resistió e intentó embestirlos, lo que motivó que abrieran fuego en supuesta defensa propia; sin embargo, su familia denunció que el trabajador intentó huir por el pánico de creer que estaba siendo perseguido por delincuentes comunes.
Con este último deceso, las estadísticas que maneja el país azteca encendieron todas las alarmas rojas de la Cancillería. De las 17 muertes totales registradas en lo que va de la gestión republicana, 14 corresponden a ciudadanos que se encontraban bajo custodia directa dentro de los centros de detención y tres más perdieron la vida en el marco de persecuciones callejeras. El canciller de México, Roberto Velasco, detalló que pedirán el soporte de la Fiscalía General de la República para radicar denuncias penales ante el Departamento de Justicia estadounidense con el objetivo de que los agentes que dispararon rindan cuentas en el banquillo de los acusados.
En sintonía con el carril criminal, la estrategia diseñada por el equipo jurídico mexicano incluye una fuerte embestida corporativa. El Gobierno enviará notificaciones de carácter civil de "cese y desistimiento" contra las empresas privadas contratadas por ICE para administrar las cárceles de migrantes. Estas cartas constituyen un mecanismo legal vinculante en el derecho anglosajón, obligando a los directorios de estos complejos residenciales privados a modificar de forma inmediata las condiciones inhumanas de hacinamiento y los malos tratos que derivaron en las muertes de los internos en huelga.
La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se puso al frente de la comunicación pública para respaldar las medidas y calificar los episodios directamente como "homicidios dirigidos" que su administración no piensa dejar pasar por alto de forma omisa. La mandataria ratificó que, si bien se mantendrán abiertos los canales formales y los puentes de diálogo diario con la estructura gubernamental de Washington, la gravedad de los acontecimientos obliga al Estado mexicano a defender con uñas y dientes a sus connacionales en el extranjero.
Las llamas ya arrasaron más de 3.200 hectáreas cerca de la localidad de Bédar. La hipótesis de la caída de un cable eléctrico, el drama de los turistas extranjeros atrapados en las rutas y el despliegue del ejército para contener el desastre.
Como reaseguro de carácter internacional frente a las previsibles respuestas oficiales de la Casa Blanca -que insiste en que sus centros cumplen con normativas federales óptimas-, la diplomacia mexicana jugará dos cartas de peso en los escritorios globales. El Palacio Nacional presentará una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y elevará un reclamo formal ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, buscando cercar políticamente los operativos de la administración Trump antes de que la tensión fronteriza termine de espantar las inversiones de la región.
